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El Consell delega el problema de las antenas de telefonía móvil a los ayuntamientos

El presidente Palau reconoce que deben ubicarse en zonas sin riesgo para la salud

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El presidente del Consell, Pere Palau, asegura que corresponde a los ayuntamientos delimitar las zonas aptas para la instalación de antenas de telefonía móvil. Palau asume que se trata de un problema importante, aunque, según dijo ayer, los ayuntamientos de la isla «ya están trabajando en ello». Entiende Palau que las antenas deben emplazarse en «sitios donde no afecte a la salud de los ciudadanos, sobre todo lejos de las escuelas». En este sentido, recordó, como ejemplo de las actuaciones que llevan a cabo los ayuntamientos de la isla, la retirada de la antena que estaba junto al colegio de Sant Joan. «La voluntad política de todos es solucionar este problema, pero teniendo en cuenta que habrá que habilitar un sitio para ello», insistió.

Sobre el caso de las antenas ilegales de Jesús, cuyos vecinos atribuyen efectos nocivos para su salud, el presidente indicó que «el Ayuntamiento de Santa Eulària está pendiente de una orden judicial para poder entrar en la propiedad y retirarla». Palau aseguró que su gobierno no tiene intención alguna de desarrollar un plan específico para ordenar estas instalaciones. El anterior gobierno del Pacte aprobó inicialmente un plan de telefonía móvil, pero el PP no ha querido culminar su tramitación. «Los planes son muy bonitos, pero se tienen que hacer cosas. La muestra de que este tema se está tomando en serio es que los ayuntamientos están actuando», dijo.

El Plan Territorial Insular (PTI), que entró en vigor el pasado 1 de abril, tampoco regula las zonas aptas para antenas de telefonía móvil. Dice, en su norma 54, que «deberá garantizarse un adecuado nivel de servicio para la totalidad del territorio y posibilitar el incremento de operadores», al tiempo que añade que «su implantación deberá efectuarse con la mínima afección posible de los recursos naturales y paisajísticos» y que, entre otras cosas, «deberán minimizarse los niveles de radiación y sus efectos sobre la salud de las personas», sin especificar más. Palau reiteró que son los ayuntamientos los que conocen mejor el asunto y que, por tanto, «no hay que imponer ningún plan».

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