El equipo de gobierno del Consell, del PP, rechazó ayer en el pleno una propuesta del Pacte que proponía un acuerdo para instar al Govern balear a que inicie negociaciones con la empresa Formentera Club S.A. para la compra de los terrenos de Ca Marí y evitar así su urbanización. El vicepresidente y conseller por Formentera, Josep Mayans, recalcó que en este momento no entra en los planes de la institución la adquisición de los terrenos de Formentera, puesto que, según dijo, «antes hay que hacer todo lo que se pueda para no malgastar inútilmente el dinero público».
Curiosamente, el PP presentó por sorpresa una moción de urgencia en la que proponía, al amparo de un informe jurídico de la dirección general de Qualitat Ambiental i Litoral del Govern balear, «rogar al Ayuntamiento de Formentera que deje sin efecto la licencia del campamento de turismo de Ca Marí, ofreciendo para ello la colaboración técnica y jurídica de la institución». Esta propuesta sí fue aprobada, con la abstención de la oposición.
El Pacte tachó esta moción de urgencia de «burla», puesto que, según advirtió la portavoz del Pacte, Pilar Costa, supone «pasar el marrón al Ayuntamiento de Formentera, cuando éste no tiene ninguna culpa de que la Comisión Provincial de Urbanismo declarase el interés social del cámping». Costa recordó que los concejales de la izquierda y algunos del GUIF del Ayuntamiento, entre ellos el actual edil de Urbanismo, Bartomeu Ferrer, ya fueron inhabilitados por negarse a conceder la controvertida licencia. Mayans indicó, en este sentido, que la acción de anular la licencia, que, según dijo, cuenta con el visto bueno del alcalde de Formentera, Isidor Torres, «no puede tener de nuevo consecuencias penales porque se ampara en un informe jurídico del Govern».
Este informe apunta que Formentera Club S.A pidió a la Conselleria de Medi Ambient autorización para las obras del cámping en noviembre de 1998, pero que posteriormente se requirió a la promotora para que completase la documentación aportada. No lo hizo, por lo que en abril de 2001 el Govern dictó resolución de desistimiento y archivo del expediente. Contra esta resolución no se interpuso recurso alguno y, por tanto, según el informe, adquirió «firmeza». El Govern entiende que Formentera Club precisa de esta autorización para ejecutar las obras que afectan a la servidumbre de protección de la Ley de Costas y que, como ya «no la podrá obtener» y la normativa actual impide la ejecución del proyecto de cámping, es factible la anulación de la licencia. El Pacte insistió en que la compra de los terrenos resolvería el problema, recordando que la promotora ha adquirido unos derechos, que, tarde o temprano, habrá que indemnizar. Mayans respondió para zanjar la cuestión: «A lo mejor no hay que pagar indemnización, y no quiero decir más».