El Consell acordó hace unos días «rogar» al Consistorio que proceda a anular la licencia al amparo de un informe jurídico del Govern balear que apunta que Formentera Club S.A. precisa de una autorización de la dirección general de Qualitat Ambiental y Litoral, de la que carece, para ejecutar las obras que afectan a la servidumbre de protección de la Ley de Costas. El informe asegura, además, que la promotora ya no podrá obtener dicho permiso, puesto que la resolución administrativa es firme, y que la normativa actual impide la ejecución del cámping. El abogado de la promotora afirma, en cambio, que aunque en su día se archivara esa petición de autorización, el Tribunal Supremo forzó al Ayuntamiento a conceder licencia. «No es suficiente para revocar ahora la licencia, y el que lo haga tendrá que responder por ello», señaló.
Roig asegura, además, que ni Consell ni Ayuntamiento se han puesto en contacto con la promotora para tratar de negociar una salida alternativa a la construcción del cámping. «Las noticias sobre el interés de la administración en la compra de Ca Marí obedecen a una especie de presión mediática para crear una conciencia social que no se corresponde en absoluto con la realidad. No quiero hablar de otro término, más allá de presión, pero entiendo que roza lo que no es aceptable», indica el letrado, quien «lamenta» que no haya habido «un mínimo de respeto» hacia la empresa al no tratar directamente con ella el supuesto interés de comprar el cámping difundido en la prensa.
Así, el letrado considera que, vista la forma de actuar de las instituciones, éstas demuestran que «no tienen ningún interés ni preocupación por solucionar este problema» y que, por tanto, en verdad, «quieren que se construya el cámping». Precisamente, Jaume Roig afirma que la promotora iniciará las obras del cámping de forma «inminente», una vez que resuelva «un problema doméstico» relacionado con «la dirección técnica del proyecto».
Roig mantiene que la promotora tiene «una finalidad económica» y, por tanto, defenderá sus intereses, que, en este momento, en vista de que las instituciones no le han planteado su interés en comprar, «pasa por la construcción del cámping». «Sólo tenemos dos alternativas: o hay acuerdo económico satisfactorio o se ejecuta la licencia». El abogado recuerda que se personó en el Ayuntamiento para conocer las intenciones reales sobre el supuesto interés en comprar los terrenos, pero apunta que «no ha habido respuesta alguna» . «Al obtener la callada por respuesta, entendemos que no hay nada por negociar y, por tanto, sólo tenemos una salida, que es la ejecución del cámping».