El 90 por ciento de los bares y restaurantes de las Islas, que cuentan con menos de cien metros cuadrados, continuarán aplicando la ley autonómica «antitabaco» y no la nacional, que entra en vigor el próximo 1 de enero, al entender el Govern que la normativa balear defiende mejor, en este punto, los derechos de los no fumadores.
Así lo confirmó ayer la consellera de Salut i Consum, Aina Castillo, poco después de celebrar la quinta reunión de la comisión de seguimiento de la ley autonómica de drogodependencias con la patronal CAEB en Palma. Castillo anunció que ha encargado un informe a los servicios jurídicos de la Comunitat Autònoma para que «avale» la decisión del Ejecutivo autonómico, que responde a una petición de los representantes de la patronal de la restauración y la hostelería balear.
La consellera entiende que su resolución es legal y que forzosamente prevalece la norma balear porque es más restrictiva con el tabaco, ya que obliga a todos los bares y restaurantes que deseen seguir teniendo clientes fumadores a habilitar dos zonas diferenciadas, frente a la del Gobierno central, que establece esta obligación sólo en los de más de 100 metros cuadrados.
«Aplicar la norma estatal es un paso atrás en la lucha a favor de la salud pública», dijo ayer Castillo, y añadió que entiende el por qué «se permite morir en los locales más pequeños» y «no en los más grandes», partiendo de la premisa de que «el tabaco mata».
La consellera recordó que la mayoría de los establecimientos de restauración de las Islas, aproximadamente el 90 por ciento, son de menos de 100 metros cuadrados y que la mayor parte de estos ya ha anunciado que permitirá fumar, teniendo en cuenta que la legislación estatal da a los pequeños locales la oportunidad de escoger.
Petición
Por otra parte tanto la consellera de Salut como el presidente de
la CAEB, Josep Oliver, están dispuestos a viajar a Madrid y
entrevistarse con Elena Salgado -de hecho ayer anunciaron que
pedirán una audiencia con la ministra- para pedir que se prolongue
el plazo para que el sector de restauración -de más de cien metros
cuadrados- y hostelería se adapte a la ley estatal. En concreto
pedirán que se prolongue el actual plazo de ocho meses a un mínimo
de dos años.
Por su parte desde el Ministerio de Sanidad y Consumo se ha recordado a la consellera Castillo, en declaraciones a la cadena Ser, que la ley nacional es «de obligado cumplimiento» y que en la misma se especifica que las comunidades autónomas pueden desarrollar una normativa para su aplicación, puntualizando que desde el Govern balear no se han debido leer bien la ley si consideran que no defiende suficientemente el derecho de los no fumadores.
Por otra parte el presidente de la CAEB, Josep Oliver, dijo ayer que no sólo pedirán prolongar el plazo de adaptación a la normativa sino que además han encargado un informe para evaluar el coste económico que supondrá a los establecimientos de restauración y hostelería para adaptarse a la ley nacional, ya que las separaciones físicas que exige la ley estatal en los locales de más de 100 metros requieren trabajos de construcción, lo cual significa que estos establecimientos se encontrarían en obras en plena temporada turística, con el perjuicio que ello comporta. Desde la patronal no descartan pedir al Ejecutivo central que participe en los gastos de adaptación de bares, restaurantes, hoteles y salas de fiesta de más de 100 metros cuadrados en dos zonas, una para los fumadores y otra para los no fumadores.
Por otra parte la consellera de Salut i Consum recordó que la ley balear, que entró en vigor el 10 de julio, no conlleva costes económicos porque no obliga a establecer separaciones físicas, aunque sí carteles indicativos y que toda la cartelería había sido puesta a disposición de los ciudadanos a través del Govern y de las patronales.