El Govern balear retomó ayer las obras en la finca de Mariano Torres, en la carretera de Sant Jordi, con el amparo de más de medio centenar de agentes de la Guardia Civil, tras la resolución judicial hecha pública el viernes: «Es un sentimiento de impotencia, porque la justicia no ha contestado nuestras reclamaciones», indicó el propietario del terreno de 2.227 m, de los que se expropian cerca de 1.000 m. En cualquier caso, Torres indicó que desde la Conselleria balear no se informó del inicio de las obras: «Hoy (por ayer) hemos hablado con el Govern y nos han enviado la documentación de todo el proceso de expropiación que no teníamos hasta el momento», aseguró Mariano Torres, que indicó que ahora estudiarán el documento de más de 30 páginas.
Pasadas las 6,30 de la mañana más de medio centenar de guardias civiles tomaban posiciones, acordonándose alrededor de toda la finca ubicada al lado de Motonáutica Ibiza, para evitar el bloqueo de las máquinas, que iniciaron el trabajo pasadas las siete de la mañana. En el lado opuesto de la carretera, una veintena de antiautopistas observaban atónitos el despliegue policial, que incluía un furgón para detenidos. A medida que avanzaba la mañana, la finca de Ca na Palleva contó con más de un centenar de personas, llegando hasta ser más de 250 a primera hora de la tarde. La Plataforma comunicó que durante la asamblea celebrada el lunes se decidió acatar el auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia referente al rechazo de la suspensión cautelar o provisional de las obras: «Si entran en una de las fincas en la que no existe resolución judicial, nos resistiremos», señaló uno de los integrantes del colectivo.