A tenor de las declaraciones de los detenidos, los agentes que las practicaron, así como el parecer del Ministerio Fiscal, el juez apunta que en las actuaciones policiales «no se aportan las correspondientes actas de ocupación o actuación administrativa que certifique la notificación al propietario afectado del acto de desalojo dentro del trámite expropiatorio, dato decisivo para enjuiciar indiciariamente aquella respectiva legitimidad o ilegitimidad de conducta». En este sentido, los detenidos, según dice el juez en dicho auto, alegaron ofrecer «resistencia pasiva ante una actuación estimada ilegal [ocupación de propiedad privada]». La Delegación del Gobierno informó que 11 agentes sufrieron lesiones leves, con contusiones y arañazos.
El juez Santiago Pinsach dice que se trata de un asunto «eminentemente sensible [ocupación de propiedad privada] y de notoria trascendencia pública» y que, ante la presencia de «reiteradas alegaciones de irregularidades administrativas por parte de los expropiados» resulta «insólito y rechazable» que las fuerzas del orden actúen sin mostrar a los afectados los papeles que acrediten dicha ocupación.
El auto señala que no se puede afirmar si las detenciones fueron ilegales. «Es evidente que fueron practicadas en el contexto de un conflicto de derechos que hace al menos dudosa y racionalmente atendible la alegación de los denunciados sobre la legitimidad de su conducta resistente y resulta también claro que todos los hechos punibles imputados pueden depender de ese juicio sobre la legitimidad o ilegitimidad de cada una de las dos conductas concurrentes», apunta el auto para resolver, acto seguido, la puesta en libertad de los detenidos. Los tres volvieron a declarar por la mañana como imputados.
Por otra parte, ayer hubo dos nuevas detenciones, aunque ambos fueron puestos en libertad sin la intervención del Juzgado. Las detenciones se produjeron por un incidente de un joven que hacía fotografías. Al parecer, éste recriminó a un agente que le solicitara que se identificara y le hizo acto seguido varias fotografías a escasos centímetros de la cara. Hubo una persecución por Sant Jordi hasta que lo detuvieron.
Los hermanos Antoni y José Planells, de Can Malalt, presentaron ayer por la tarde otra denuncia en el Juzgado de Guardia por «la ocupación ilegal» de sus terrenos. Los hermanos Malalt también denunciaron que la resistencia de los antiautopista fue «pacífica en todo momento, sin violencia». «No entiendo que digan que haya tantos agentes lesionados cuando la gente se comportó de manera cívica», dijo Antoni.