Govern, consells y ayuntamientos estarán obligados a destinar a la compra de suelo o a actuaciones ambientales y patrimoniales todos los recursos económicos que obtengan de las sanciones por urbanismo ilegal. Es uno de los aspectos más novedosos del borrador de ley del suelo que la pasada semana presentó la consellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer. En el caso de los ayuntamientos, deberán destinar a este propósito al menos el 60 por ciento de sus ingresos.
El anteproyecto recoge también la obligación de que el 30 por ciento del nuevo suelo se destine a VPO, algo ya anunciado por la consellera. Ante este aspecto de la nueva legislación, la Asociación de Constructores de Balears, a a través de su gerente, Manuel Gómez, advirtió que la iniciativa del Govern de que se destine obligatoriamente ese 30 por ciento a las VPO tendrá repercusiones escasas y no resolverá el problema de acceso a los pisos existente actualmente si no se modifican los planes territoriales aprobados por los consells y se incrementa el límite de desarrollo fijado.
Otra de las novedades más significativas de la ley es la cesión de competencias a los consells para que sean las instituciones insulares quienes actúen de primera mano cuando se producen obras ilegales. Para ello, la actual figura del interés general se sustituye por las llamadas «autorizaciones territoriales», que permitirán actuar a las instituciones en casos de indisciplina.
El proyecto ya redactado por el equipo de Mabel Cabrer regulará los planes de reconversión territorial y obliga a elaborar un reglamento que regule cómo se harán estas reconversiones. No obstante, el director d'Ordenació del Territori, Jaume Massot, dejó claro que la reconversión se entenderá como una carga para quien disponga de los nuevos aprovechamientos urbanísticos.
La consellera d'Obres Públiques presentará hoy el borrador de la ley en la Mesa de Vivienda y se abrirá, acto seguido, el periodo de alegaciones al anteproyecto, que se extenderá unos veinte días.
Cabrer quiso destacar que el objetivo de esta normativa es que el Estado deje de regular el suelo en Balears, como ocurre en la actualidad. Asimismo, sobre si la futura ley del suelo afectará al precio del mismo en la Comunitat Autònoma, Cabrer recordó que dicho precio «es libre» y sólo está fijado un precio máximo para las calificaciones de VPO. «La ley del suelo no es una fórmula mágica para bajar el precio de la vivienda», explicó.
A pesar del enorme volumen de leyes que acumula en la actualidad el Parlament de les Illes Balears a la espera de su tramitación, la consellera confió en que ésta pueda iniciar su debate en la cámara el próximo mes de mayo y se logre que ésta salga adelante antes del fin de la presente legislatura.