El nuevo Estatut que tramita el Parlament intentará que el Estado invierta unos 300 euros más por habitante en Balears. Esta es el principal objetivo del president del Govern, Jaume Matas, cuyas tesis contaron con el apoyo del «comité de sabios». La aspiración de Matas es que el nuevo Estatut evite que el Estado invierta en Balears una cantidad por debajo de la media nacional por habitante. Según datos del año 2000, el Estado invertía por cada ciudadano 1.468,62 euros frente a los 1.733,13 euros de media. La financiación per cápita de Balears está muy lejos de la inversión por habitante que el Estado aporta en Cantabria y Extremadura. Con 2.055,19 euros y 2.036 euros, respectivamente, estas dos comunidades con las más beneficiadas en el reparto de inversiones estatales por habitante. Balears está a 15 puntos de la media autonómica.
Precisamente, el Govern remitió el viernes al Parlament un documento de más de 40 folios en el que indica las diferentes propuestas sobre financiación e incluye las necesidades de Balears. De hecho, el Govern alega en dicho informe que el modelo de financiación debe estar, en su configuración inicial, basado en el concepto de gasto garantizado o en el gasto real objetivo. En consecuencia, según el documento remitido al Parlament y que ha elaborado José Antonio Rosselló, director general de Proyectos, la financiación balear deberá depender de indicadores socioeconómicos verdaderamente relevantes para la Comunitat Autónoma, es decir, la población de derecho, población protegida en materia sanitaria o población inmigrante, entre otras.
«En este sentido -añade el informe- se deberá hacer un esfuerzo por definir la población realmente relevante o usuaria real de los servicios y complementar los anteriores criterios con los de insularidad y pluriinsularidad y de adaptación a las condiciones singulares de la estructura económica del archipiélago». En opinión del informe del Govern, la aplicación del enfoque basado en el gasto real deberá ser concebido «de manera dinámica y no estática» como sucede en la actualidad. «En consecuencia -insiste el informe- la estructura de la financiación deberá ser objeto de análisis y revisiones sucesivas a fin de adaptarla a los cambios en la realidad demográfica, social y económica».