La Delegación del Gobierno asegura que el auto dictado el sábado por el juez del Juzgado de Instrucción número 4, Santiago Pinsach, es «muy positivo» en el sentido de que permite «aclarar la situación». El portavoz de la Delegación del Gobierno, Jordi Bayona, asegura que ahora el concepto de domicilio adquiere un sentido más amplio que el que mantiene el Govern balear, lo cual, entiende, crea «un precedente». Por ello, la Delegación del Gobierno no prestará servicio a las peticiones de auxilio de la administración autonómica sin previa autorización judicial en los casos en los que en una misma unidad catastral exista una vivienda, aunque ésta no esté afectada directamente por el proyecto, y esté delimitada con una pared o una valla, como en el caso de Can Malalt: «Ahora cambia la situación. Se interpretará con el sentido amplio de lo que es una vivienda. Nosotros estamos a lo que diga el juez».
La Delegación del Gobierno apunta que, en este auto, el juez destaca que hubo una advertencia y negativa inicial por parte de ésta a intervenir para garantizar el acceso de las máquinas a las fincas de Can Malalt. Bayona recuerda que, en este caso, se negó inicialmente la petición de auxilio a la espera de que la Conselleria d'Obres Públiques presentara un certificado que avalara que en dicha finca no existía ningún domicilio. Los antidisturbios intervinieron finalmente para garantizar la entrada de las máquinas a Can Malalt porque, según Bayona, la Conselleria presentó una certificación de que sobre la finca no existía ningún domicilio, en contra de lo que ahora ha resuelto el juez.