El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJ) ha dictado dos autos por los que autoriza la entrada a dos de las tres fincas de Ca na Palleva para la construcción de la autovía del aeropuerto. Se trata de las fincas, con vivienda, situadas al fondo de Ca na Palleva, propiedad de los hermanos Nieves y Joan Ramon Tur. De momento, no se ha autorizado la entrada en la finca donde se encuentra la vieja casa pagesa, propiedad del tercer hermano, Francisco Ramon, y que se ha convertido en el símbolo del movimiento antiautopista.
Contra la resolución del TSJ cabe un recurso de súplica ante la misma Sala, por lo que Francisco Ramon expresó ayer a este periódico «su escasa confianza» en que éste pueda prosperar. La familia Ramon asume que tendrán que abandonar de un momento a otro las viviendas, aunque la autorización judicial no habla de plazos. La Ley de Expropiación Forzosa establece en el apartado 6 del artículo 52 que una vez «efectuado el depósito y abonada o consignada la previa indemnización por perjuicios, la administración procederá a la inmediata ocupación del bien de que se trate, ...en el plazo máximo de quince días».
Los magistrados rechazan los argumentos dados por los propietarios afectados, especialmente que la Sala no sea el órgano competente para autorizar la entrada en las fincas, en detrimento del Juzgado de lo Contencioso. La Sala tampoco tiene en cuenta que en el acta previa de ocupación no figuren las viviendas ni los garajes porque, según dice, sí se hace referencia a ellos en la hoja de indemnización, «pero no en concepto de terrenos a expropiar, sino de indemnización por el importe de los perjuicios derivados de la rápida ocupación».
El Govern también informó ayer que el TSJ también ha dado la orden de entrada en otras dos fincas afectadas por el proyecto de la autovía del aeropuerto, sin especificar más.
Por otro lado, el juez del Juzgado de Instrucción número 4, Santiago Pinsach, dictó ayer otro auto por el que levanta, a petición del Ministerio Fiscal y en base a un recurso presentado por la empresa constructora, la suspensión de las obras en la finca de Antoni Planells Tur Malalt, manteniendo, eso sí, la medida cautelarísima en la de su hermano, José Planells, hasta que la administración obtenga la autorización judicial.
El juez ha adoptado esta nueva resolución por la «configuración peculiar de la finca» de Antoni Planells ya que junto a la vivienda, que constituye el domicilio del propietario, «existe una zona restringida de acceso al público, situada en la entrada y donde se dispensan planteles y semilleros que se comercializan como modesto negocio familiar, quedando el resto de la finca [3.000 o 4.000 metros cuadrados] excluidos a terceros». El juez considera, así, que «esta zona puede separarse de la que constituye inequívocamente ámbito y destino de desarrollo de vida privada».