B. R.
El Jugado de Instrucción número 3 de Eivissa dictó ayer la paralización cautelar de la planta de cemento y la dosificadora de áridos de Sant Jordi hasta que se realice un dictamen pericial «con carácter urgente» sobre los posibles efectos nocivos de las instalaciones «teniendo en cuenta la población de los alrededores, su proximidad y el carácter de zona residencial y núcleo de población en la se ubica la fábrica y existencia de un pozo subterráneo de agua potable utilizada por los vecinos», tal y como solicitó la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears el pasado lunes.
De esta manera, el auto dictado ayer por el Juzgado de Instrucción reclama al Ayuntamiento de Sant Josep , al igual que hacía el pasado lunes la Fiscalía, la licencia que hubiera sido otorgada a dicha planta, «en caso de existir», así como las actuaciones realizadas por el Consistorio para proteger la salubridad pública: «Por lo tanto que se acredite si ha adoptado alguna medida para proteger esa salud y controlar el impacto de la planta en el núcleo urbano», señala el auto del juez.
De esta manera, el Juzgado de Instrucción número 3 da respuesta a la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos Olimpo en relación a un posible delito medioambiental por la instalación de estas infraestructuras. Asimismo, el auto destaca los indicios racionales de «ilicitud penal por la puesta en peligro de los bienes jurídicos considerados valiosos y protegidos», haciendo referencia a la existencia del pozo subterráneo de agua potable y la zona residencial ubicada en las proximidades de la fábrica.
Aunque en principio el Ayuntamiento manifestó que estaba dispuesto a impedir la instalación de la cementera si la UTE Accesos Ibiza no pedía licencia para realizar la actividad, finalmente el Govern dictaminó que no era necesario el permiso municipal.