La concesión de pozos estuvo paralizada en las Pitiüses entre los años 2000 y 2003 con el fin de minimizar los efectos de la sequía, pero cuando la Conselleria de Medi Ambient, a través de una orden, volvió a abrir la veda a finales de 2003 se produjo una auténtica avalancha de peticiones. Sólo en el año 2004 se autorizaron 186 sondeos y la cifra fue igualmente alta en 2005, cuando alcanzó los 127. «Fue un auténtico boom después de tanto tiempo con la prohibición», explica el director general de Recursos Hídrics, Joan Crespí.
Medi Ambient dictó una orden en diciembre de 2003 en la que se establecían las condiciones para dar nuevas autorizaciones de pozos de aguas subterráneas que afectaban a viviendas aisladas o a equipamientos comerciales e industriales. «Se permite un volumen de 200 metros cúbicos al año, lo que es suficiente para el consumo de unas 5 o 6 personas», aclara Crespí, que añade que se trata de un volumen bastante reducido, que no pone en peligro las reservas de agua. También se pueden otorgar permisos de pozos para usos agrarios mientras que la finca esté registrada como explotación agrícola.
Por otro lado la conselleria ha impuesto en lo que va de año dos sanciones a propietarios que no han pedido permiso para realizar sondeos o que han distribuido agua para consumo humano cuando la autorización es para riego agrícola. «Hay más expedientes en marcha, pero todavía no están resueltos», señala Crespí, que añade que en 2005 se pusieron siete sanciones y en 2004 dos por estos conceptos.
La multa por hacer un pozo sin autorización puede alcanzar los 6.000 euros, aunque si éste se puede legalizar puede reducirse a 3.000.
Particularmente elevada fue la sanción de 18.000 euros que impuso hace unos días la conselleria a unos vecinos de la zona de Sant Josep por distribuir el agua para consumo humano. «En esta ocasión fue por un uso concreto de manera reiterada en el que se empleó el agua para su distribución para consumo humano cuando estaba destinado a riego agrícola», dice Crespí, que añade que la sanción es tan alta porque los propietarios han reincidido en su conducta. Para controlar que se cumpla la normativa en este aspecto la conselleria cuenta con agentes que realizan revisiones de los pozos. Además también se suelen recibir denuncias del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, cuando se detecta una máquina de perforar y los propietarios no presentan la licencia para realizar el sondeo.