R. L.
El arquitecto imputado el lunes por la supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Andratx, Miguel Arenas, también trabajó hace más de una década en la isla de Eivissa, según confirmaron algunas fuentes a este periódico. En concreto, Arenas desempeñó su trabajo como arquitecto en la zona de Cala de Bou y de sa Caixota, ambas zonas pertenecientes al municipio de Sant Josep, según las mismas fuentes. Asimismo, la misma voz que confirmó esta circunstancia se mostró sorprendido ante la noticia de la imputación por tener buena consideración entre los arquitectos pitiusos.
Según se recoge en el auto judicial, al que tuvo acceso Europa Press, a Miguel Arenas se le relaciona directamente con el alcalde de Andratx, Eugengio Hidalgo, y con el celador del Ayuntamiento, Jaume Gibert, -ambos detenidos por delitos de prevaricación, contra el territorio y blanqueo de capital. Según el texto judicial, dictado por el Juzgado de Instrucción 12 de Palma, Arenas controlaba las sociedades Sandborg Balear S.L., Langeland S.L y Soltoft Balear S.L., administradas por su esposa y su hijo. La resolución del juez señala que Hidalgo y Gibert coincidieron en la transmisión de participaciones, junto con el arquitecto municipal, en la entidad mercantil de Langeland S.L. Paralelamente, el auto indica que la sociedad de Hidalgo, Automóviles Eucar S.L, y el celador municipal, Jaume Gibert, coincidieron en la transmisión de participaciones en las entidades empresariales Sandborg S.L. y Soltoft Balear S.L. Concretamente, el auto revela que las sociedades Sandborg S.L., Langeland S.L y Soltoft Balear S.L. suponen un «entramado societario» que vincula como socios y receptores de dinero y participaciones al alcalde de Andratx y al celador municipal, así como al arquitecto, Miguel Arenas, «testaferro de ambos». En cuanto a Maria Antonia Garí, la esposa del celador, el auto indica que la sociedad Inversiones Bruja recibió un pago de la entidad Inversiones Bruja, quien finalmente abonó la cantidad de 369.424 euros. Según recoge el auto, el Ministerio Público entiende que el entramado societario permitió disfrazar la procedencia del dineo y participación que tenían el alcalde y el celador en los negocios, así como las relaciones estables y el reparto de beneficios que efectuaron. La puesta en libertad con cargos de estas dos personas se suma a las tres detenciones practicadas el lunes.