El nuevo PGOU de Eivissa lleva nueve meses en el Consell, que le tiene que dar el visto bueno definitivo. El equipo de gobierno del Consistorio acusa a la institución insular de bloquear el planeamiento, «retrasando a propósito el envío de la documentación a otras administraciones» que tienen que emitir sus respectivos informes antes de que se pronuncie la Comisión Insular de Urbanismo y Patrimonio (Ciotupha). Sin embargo, el presidente del Consell, Pere Palau, insistió la semana pasada en que «el Consell no tienen ningún interés en tener expedientes guardados en un cajón» pero, recordó, «el PGOU está pendientes de informes y si estos no son positivos y piden rectificaciones el Consistorio tendrá que hacerlas».
M.A.
La Comisión Balear de Medio Ambiente ha detectado deficiencias en la evaluación de impacto ambiental del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Eivissa. Hasta que no se subsanen los defectos, este organismo que pertenece a la Conselleria balear de Medi Ambient, no podrá dar el visto bueno a esta documentación que acompaña al PGOU, que lleva cerca de nueve meses en el Consell, pendiente, entre otros muchos, de este informe.
Básicamente la Comisión Balear de Medio Ambiente pide al Ayuntamiento de Eivissa (en un acuerdo adoptado el 5 de diciembre) más información para determinar si los documentos ambientales son correctos. Entre otras cosas, quiere aclarar si la evaluación de impacto ambiental ha tenido en cuenta los cambios que se introdujeron en el nuevo planeamiento urbanístico para adaptarlo al Plan Territorial Insular (PTI). Fuentes de Medi Ambient explicaron que los «los técnicos no tienen claro que las modificaciones urbanísticas que se han introducido a última hora para adaptar el PGOU al PTI hayan sido valoradas ambientalmente» por lo que se reclama, entre otras cosas, la evaluación de impacto ambiental de septiembre de 2005 y todas las alegaciones presentadas en el segundo período de exposición pública de la revisión del planeamiento.
Medi Ambient reclama también más documentación para aclarar «la capacidad de población prevista en el PGOU y cómo se asegurará la disponibilidad de agua potable y la depuración de aguas residuales para la población prevista». Además, pide que el Consistorio exponga alternativas de ubicación del nuevo suelo urbano que contempla el planeamiento (12,26 ha) y señala que se deben delimitar y ordenar las zonas inundables siguiendo los criterios que establece el Plan Hidrológico de les Illes Balears. Entre las puntualizaciones que hace, la comisión recuerda al Consistorio que las Àreas de Prevención de Riesgo tienen que coincidir con las que marca el PTI.