El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Eivissa, Santiago Pinsach, ha dictado un auto en el que reabre la causa por la entrada a la finca d'es Puig en las obras de la carretera de Sant Antoni y llama a declarar como testigos a los agentes de Guardia Civil que estaban en la zona. El juzgado acordó el pasado 27 de julio de 2006 el sobreseimiento provisional de la causa que se ha revocado tras el recurso de reforma interpuesto por la propietaria, Antonia Sala Ramón, al considerar que se violó su domicilio familiar.
La Fiscalía informó de manera favorable a que se estime el recurso interpuesto por la propietaria para practicar las diligencias necesarias y determinar si la entrada se produjo en el domicilio o lugares anexos al mismo o espacios cerrados o si fue en un lugar abierto del domicilio.
La denuncia se archivó inicialmente porque el juez consideraba que los hechos obedecían a «un conflicto entre dos posturas igualmente legítimas», en alusión a los propietarios, las fuerzas de seguridad y a la administración, según recuerda el abogado de los afectados, Josep Costa. La Plataforma Antiautopista asegura que esta resolución del juez «corrobora que no está dicho todo sobre la legalidad de las actuaciones del Govern en relación con la ocupación de las fincas afectadas por las expropiaciones». Asegura que la sala contenciosa del TSJ desestimó la la pretensión de la abogada del Govern sobre la condena en costas de los propietarios que han recurrido también, en vía administrativa, la ocupación de la finca.