C. R.
La magistrada del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma de Mallorca ha advertido al secretario del Ayuntamiento de Sant Antoni de que debe enviar el acta del pleno en el que el Consistorio se da por enterado de que tiene 18 meses para derribar la casa ilegal del músico Michel Cretu en la cima de un monte de Santa Agnès. En caso contrario, se podría «incurrir en un delito de desobediencia grave a la autoridad». La juez emitió esta providencia el pasado 18 de abril porque no le consta que esta sesión plenaria se haya celebrado, pese a que se produjo el pasado 28 de febrero.
El alcalde de Sant Antoni, José Sala, indicó ayer que recibieron la providencia hace unos días, cuando el acta de pleno ya se había enviado al Juzgado. Sala justificó el retraso porque el Ayuntamiento no tiene tanto personal como otras instituciones para pasar las actas. El alcalde también avanzó que los servicios técnicos ya tienen preparado el plan de demolición de la casa, que se remitirá hoy mismo al Juzgado, pese a que hay de plazo hasta el 2 de mayo para hacerlo -la juez les había dado dos meses-. Se trata de un resumen de lo que se ha hecho y una planificación de cómo se actuará a partir de ahora.
El grupo ecologista GEN, que está personado en el caso Cretu, criticó ayer que si el Ayuntamiento de Sant Antoni tuvo tiempo de recurrir el auto de la juez en el que se les obligaba a celebrar el pleno con unas formas que no acabaron de gustar al Consistorio, también deberían haber tenido tiempo para enviar el acta, teniendo en cuenta que la sesión se celebró hace casi dos meses. El GEN también lamentó que, transcurridos dos meses, el Ayuntamiento no haya entregado el plan de demolición de la casa Cretu al Juzgado. Además resaltan que no es la primera vez que la juez les llama la atención porque Sant Antoni «continúa incumpliendo los plazos» del Juzgado.
El alcalde de Sant Antoni avanzó asimismo que es probable que la semana que viene los técnicos ya puedan entrar en la casa del músico Michel Cretu para redactar el proyecto de derribo, dado que la juez ya ha dado la autorización para ello. De todas formas, mostró sus dudas sobre si esta entrada se podrá realizar, porque no sabe si el Ayuntamiento tiene que esperar a que la resolución sea firme si el abogado del músico la recurre.
El GEN destacó que las sentencias deben ser «debidamente ejecutadas», para que «no queden simplemente sobre el papel, en una clara y descarada burla a la justicia y al Estado de Derecho».