El presidente de la Autoritat Portuària de Balears, Francesc Triay, anunció ayer que este organismo «no asumirá responsabilidades por los daños del naufragio» del Don Pedro, ya que éste ocurrió «fuera de la zona portuaria». De esta manera, Triay responde al abogado Manuel Salgado, que representa a los propietarios de amarres del puerto deportivo de Ibiza Nueva y que la semana pasada, tras las declaraciones del capitán y el segundo oficial del mercante, anunció su intención de reclamar responsabilidades civiles subsidiarias a Autoritat Portuària.
Salgado considera que podría darse «una concurrencia de responsabilidades» en le proceso que precedió al hundimiento del Don Pedro. Según este abogado, el práctico debería haber estado más tiempo en el puente del barco. Al respecto, Triay responde que «la función del práctico se cumplió y el accidente se produjo con posterioridad». Pero Salgado también considera que Autoritat Portuària podría tener responsabilidades en la segunda maniobra, la de remolque del mercante, ya que, a su entender, fue «la que provocó el hundimiento». A su entender, la forma de tirar del barco agrandó la brecha del casco e hizo que se hundiera. Ante esto, Triay explicó ayer que «Autoritat Portuària acató las órdenes de Capitanía Marítima». Triay señaló que no conoce la forma en que se hizo esa maniobra (la de remolque del barco una vez embarrancado), puesto que es ajena a Autoritat Portuària.
Por su parte, la abogada de los 32 empresarios que han presentado reclamaciones en el Consell Insular por los supuestos perjuicios que han sufrido sus negocios por el vertido del Don Pedro, Ascensión Joaniquet, dijo ayer que, en principio, no tiene previsto reclamar responsabilidades a Autoritat Portuària. «Vamos a esperar los peritajes», dijo la abogada, que añadió que antes de tomar la decisión de reclamar a Ports «hay que saber si el barco se hubiera hundido igualmente o no», independientemente de cómo se realizara la maniobra de remolque del barco desde es Daus, donde encalló, a mar adentro. De momento, mientras se mantiene el control para descartar nuevos vertidos, las autoridades tanto insulares como estatales están a la espera de que se decida si el barco es reflotado o no.