El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, confirmó ayer que hay media docena de permisos de construcción afectados por la moratoria del Govern en la zona de Roca Llisa. Además de las tres casas paralizadas recientemente hay otras tantas licencias afectadas que ya habían sido concedidas. En uno de los casos, los promotores habían comenzado unas obras de urbanización (aceras, alumbrado, etc.) que estaban prácticamente terminadas pero que incumplían las Normas Subsidiarias de 2004. «Ellos pidieron la renovación de licencia pero se les denegó y recurrieron; entre tanto se aprobó la moratoria», explicó el primer edil, que indicó que en este caso los trabajos están paralizados por un «doble motivo».
Precisamente un grupo de propietarios de Roca Llisa ha decidido crear una plataforma de afectados para defenderse de los efectos de esta moratoria. Denuncian que la norma es «inconstitucional» e infringe varias leyes, entre ellas la Ley del suelo de 200, y por eso han encargado informes técnicos y jurídicos, además de analizar los perjuicios económicos que les está provocando. «Si es necesario iremos al Tribunal de Estrasburgo», advierten.
Los vecinos recuerdan que la urbanización se ha construido sobre un plan parcial del año 82 y que la comunidad de propietarios ha invertido mucho dinero en la construcción de calles, alumbrado, etc. En virtud de la moratoria les han paralizado tres viviendas casi acabadas, parcelas con unos trabajos de urbanización cuyas infraestructuras están en estado muy avanzado y alguna que otra licencia concedida.
La plataforma la conforma un grupo de propietarios que disponen de centenares de miles de metros. «Según valoraciones el metro podría estar a 350 euros porque es suelo de urbanización unifamiliar y en el conjunto del terreno triplicaría el importe de las indemnizaciones de ses Feixes», explicó uno de los vecinos. «Hemos pagado contribución urbana, gastos de comunidad, derramas para urbanizar; este suelo es urbano y tenemos derecho a construir; esto es una expropiación encubierta», indicaron los propietarios, que recuerdan que hay compradores de viviendas casi terminadas que han tramitado ya sus hipotecas.
Entre sus planes inmediatos está contactar con los afectados de ses Feixes y Benirràs y ya se han reunido con el alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí.
Los afectados también aseguran que ha habido «arbitrariedad» al diseñar la protección de Roca Llisa, porque «se ha mirado a quién pertenecían las parcelas». Además, consideran que la zona no tiene valor ambiental como para ser protegida, ya que incluso parte del vertedero de Ca na Putxa está afectado por la moratoria.