El grupo ecologista GEN emitió ayer un duro comunicado contra el Ayuntamiento de Vila y el Consell porque considera que ambas instituciones forzaron a una votación favorable a la plataforma de las explanadas de Botafoc durante un comité de evaluación ambiental previo a la celebración de la Comisión balear de medio ambiente.
Según los ecologistas, los informes técnicos que se vieron durante esa reunión advertían de la «insuficiencia» de documentación sobre los dragados, las algas invasoras, la desaparición de posidonia o la contaminación por mercurio. Esta sesión tuvo lugar el 20 de diciembre y en ella, según el GEN, el informe técnico decía que se proponía «no emitir informe del proyecto de explanada y muelles comerciales al abrigo del dique de Botafoc hasta que se subsanen las deficiencias de la información aportada».
«En un principio, los representantes del Ayuntamiento y el Consell presentes en la reunión se mostraron de acuerdo en no emitir informe hasta que no se ampliase la documentación aportada; curiosamente, esta oposición al principio unánime, se reconsidera después de la intervención de representantes de Autoritat Portuària», explican los ecologistas, que intuyen que los miembros de ambas instituciones recibieron instrucciones políticas de sus superiores para cambiar su voto y no pedir más documentación durante el receso que se produjo en el encuentro.
«Este lamentable ejemplo de dejadez de funciones deja bien en evidencia que las evaluaciones ambientales cuando abordan grandes proyectos y afectan a determinados intereses son un mecanismo inútil, únicamente concebido para lavar la cara y dar cobertura a proyectos altamente impactantes que no son evaluados de forma mínimamente rigurosa», explican desde el GEN.
El conseller de Política Territorial, Miquel Ramon, salió ayer al paso de estas acusaciones asegurando que a esta reunión fue un técnico de la institución al que se le dieron instrucciones para que fuera «muy crítico» con la evaluación y para que pusiera «todas las objeciones posibles». Ramon cree que este técnico actuó bien, porque en una de las últimas llamadas telefónicas no pudo localizarle y optó porque se aprobara el texto por ser «una cuestión de procedimiento» y «no es vinculante», ya que quien verdaderamente decidirá es el Ministerio de Medio Ambiente. «El técnico se encontró una situación poco habitual que resolvió como pudo», indicó el conseller, que cree que hay gente «que piensa que todo vale y utilizan informaciones tendenciosas». «Es ofensivo y de muy mal gusto dudar de esto», añadió Ramon, que aseguró que el GOB no acudió a la reunión pese a estar invitado.