Rubio, por su parte, explicó que fueron muy pocos los vehículos que realizaron servicios el miércoles de los 81 que, en teoría, debían trabajar. Además, explicó que el sector puso «todo tipo de excusas para tener el sistema de radio taxi parado», por lo que se abrirán expedientes sancionadores por «dejar de cumplir con el servicio público». Estas sanciones, según Rubio, pueden llegar a ser muy graves, lo que suponen multas económicas de entre 1.300 y 2.400 euros, y a la tercera infracción se retira la licencia. «Si quieren quejarse porque no están de acuerdo con el plan de actuación que van a aprobar que lo hagan pero dentro de una legalidad porque a los que hacen boicot es a los ciudadanos. Debeb buscar otras fórmulas pero este Ayuntamiento no va a soportar sabotajes», indicó Rubio. Santa Eulària también está a la espera de conocer los informes de la Policía Local.
Sant Antoni, por su parte, se desmarca ahora del plan de actuación y dan a conocer las alegaciones presentadas ante el Consell Insular. Una de estas alegaciones hace referencia a la concesión de licencias a los asalariados: «No existe motivación clara y suficiente para favorecer el otrogamiento de autorizaciones temporales a los conductores asalaraidos, puesto que ello supondría una amenaza para la estabilidad del setor en tanto que los conductores asalaradios estarían incurriendo en compentencia desleal». Aún así, el consistorio está a la espera de conocer los informes de los agentes de la Policía Local.
Albert Prats, por su parte, instó al sector de los taxistas a cambiar de actitud y aseguró que en ningún caso la máxima institución insular cederá ante la presión de los titulares. «Tienen toda las de perder si continúan por esta línea» y aseguró que los titulares de licencias se están metiendo en un «callejón sin salida». Por ello, reclamó a los taxistas «un poco de tranquilidad y que se muevan en unos márgenes y en unas líneas mucho más razonables», apuntó el conseller.