El Govern ha aprovechado la crisis inmobiliaria para comprar edificios enteros a promotores en apuros para reconvertir las viviendas en pisos de protección oficial. El president del Govern, Francesc Antich, y el conseller de la Vivienda, Jaume Carbonero, presentaron ayer en el Consolat las medidas urgentes en materia de vivienda, que contempla, además de la compra de edificios a promotores y la adquisición de suelo para construir VPO.Carboreconoció que el Govern ha podido adquirir pisos ya terminados porque «la situación actual del mercado lo permite».
El Ejecutivo ya ha concretado proyectos para poner en marcha 1.014 viviendas sociales durante este año con una inversión de 53 millones de euros. En estas actuaciones se incluyen los 122 son pisos de edificios comprados a promotores cuyas llaves se entregarán en el segundo semestre del año.
Ley de la Vivienda
«La prioridad es construir viviendas, no el lugar dónde se construyen», declaró Antich en la presentación de las medidas urgentes. Estas actuaciones se presentan ante el bloqueo en el Parlament de la ley de la vivienda, una medida que están negociando los distintos partidos del Pacte. «Las negociaciones van por el buen camino. Espero que también se pueda llegar a un acuerdo con el PP», planteó Antich. De hecho, el Govern necesita el apoyo del PP para poder introducir enmiendas y eliminar las referencias al suelo rústico, tal y como exige UM.
Carbonero explicó que el Govern ha adquirido 39.735 metros cuadrados de solares urbanos en Baleares para edificar 654 viviendas de protección con un coste total de 26,7 millones. La adquisición de edificios ha supuesto una inversión de 16 millones. Entre los solares adquiridos destaca uno de 490 metros cuadrados, donde se van a construir 18 viviendas, y que está ubicado en el barrio de Pere Garau y otro de 29.000 metros cuadrados impulsar para 435 viviendas en Campos. Además, se han comprado también terrenos para 40 viviendas en Son Servera, 18 en Sa Pobla, 14 en Santanyí, 8 en Puigpunyent, 5 en Binissalem, 25 en Ferreries (Menorca), 14 en Alaior (Menorca) y 12 en Sant Antoni de Portmany (Eivissa).
La diputada del PP Mabel Cabrer reclamó ayer que la ley de vivienda que en la actualidad está en tramitación en el Parlament sea retirada y ha propuesto «redactar un nuevo texto respetando las competencias y el medio ambiente y corrigiendo la inclusión del suelo rústico de armonización». Cabrer ya ha anticipado que su grupo no aceptará ningún tipo de transacción para introducir las modificaciones previstas por la izquierda para desbloquear la Ley de la Vivienda.