BÀRBARA MUNAR
El Consell Insular de Eivissa está estudiando emprender acciones legales por la forma en que se actuó durante las expropiaciones en las autovías de Eivissa, por la «nula gestión del patrimonio» y por la sospecha de «tráfico de influencias y prevaricación».
El conseller de Mobilitat, Albert Prats, explicó que, después de las diferentes resoluciones de los juzgados sobre los proyectos viarios que impulsó el Partido Popular durante la pasada legislatura, los servicios jurídicos de la institución están estudiando «la forma de personarse» y «el tipo de acciones legales» que se llevarán a cabo.
Prats se mostró muy cauteloso y no ofreció nombres porque «si lo hiciera sin consultar con los servicios jurídicos, estaría haciendo una demanda política» y «pondría en tela de juicio el nombre del Consell», alegó.
Albert Prats destacó que como equipo de gobierno «entendemos que se empezó a construir un campo de golf sin sus preceptivas licencias y creemos que existe un posible pacto verbal» entre la empresa Fiesta Hotels y la constructora de la autovía para que el vertido de las tierras se hiciera en Platja den Bossa para construir un campo de golf, explicó. Prats declaró que también se debería estudiar si este pacto fue previo a la licitación de las obras. «Si fuera así tendríamos más implicaciones debido a las relaciones familiares entre la promotora del campo de golf y el equipo de gobierno. Tal vez el hecho de que concursara una UTE en solitario tiene que ver con alguna información privilegiada», indagó.
El conseller se mostró crítico con los cuerpos de seguridad que actuaron durante las expropiaciones «porque se desamparó a los ciudadanos que estaban defendiendo sus derechos y se les envió las fuerzas de seguridad para atacarlos». Prats destacó que «no se debe pasar página para que no vuelva a suceder».
El Consell está valorando emprender acciones legales por la «nula gestión del patrimonio» debido a la desaparición de yacimientos como el de Can Pere Arabí. Un hallazgo que, según Prats, tenía una importancia equiparable a los yacimientos de Sa Caleta.
El conseller rechazó la política del ex-conseller Joan Marí Tur, de Pere Palau, porque «fue el presidente que permitió que esto sucediera», y también de Stella Matutes y Jaume Font «porque pese a las denuncias que hicieron los ciudadanos mantuvieron siempre que todo se hizo legalmente».
Después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears en la que considera ilegales algunas expropiaciones que se realizaron durante la ejecución de los proyectos viarios, Prats afirmó que «ha quedado claro quienes han expoliado nuestros bienes particulares y comunes y han caído algunas máscaras y aureolas de dignidad que acompañaban a algunas personas». En este sentido, declaró que se producirán más sentencias similares a la del expropiado de la carretera de Sant Antoni Toni Ros, porque es «sólo la punta del iceberg».
El conseller de Mobilitat, Albert Prats, explicó que está en continuo contacto con el Director General de Obres Públiques del Govern, Antoni Armengol, quien le ha confirmado que las obras de las autopistas estarán finalizadas durante la primera quincena de junio.
Albert Prats recordó que en el informe con las alegaciones a los proyectos viarios que el Consell Insular entregó recientemente al Govern, la Institución hizo una «petición expresa» para que se realizara una previsión sobre los posibles yacimientos históricos que se pudieran encontrar, «en tal, caso las obras de la carretera de Sant Jordi se paralizarían». A este respecto, Antoni Armengol ha asegurado a Prats que no hay más hallazgos en la zona y que las obras se podrán acabar antes de que empiece la temporada alta.