El grupo municipal del popular en el Ayuntamiento de Eivissa, en la oposición, pidió ayer «formalmente y por escrito» a la alcaldesa de Vila, Lurdes Costa, una explicación sobre si el concejal delegado de Personal y Policía Loca, Ricardo Albin, «conduce de forma habitual sin estar en posesión de un permiso de conducir reglamentario expedido por la Dirección General de Tráfico».
En su escrito dirigido a la alcaldesa, los populares señalan «que esta información, al parecer confirmada por el propio gabinete de prensa del consistorio, denuncia unos hechos que aparecen tipificados en el Código Penal como constitutivos de un delito contra la Seguridad del Tráfico desde el pasado 1 de mayo, al entrar en vigor la modificación aprobada en diciembre de 2007», señalaron ayer a través de una nota de prensa. Además, los ediles populares apelan a las «repercusiones que esta información, de confirmarse, podrían ocasionar a la imagen del Consistorio en general y de la Policía Local de Vila en particular».
«Al parecer y siempre según las informaciones periodísticas publicadas, la Dirección General de Tráfico no tiene constancia de ningún permiso de conducir expedido a nombre del concejal de Policía Local, aunque éste se desplaza habitualmente en motocicleta de gran cilindrada por toda la ciudad, la utiliza para acudir a los plenos municipales y a cuantas reuniones se celebran en la casa consistorial e incluso para acudir a las dependencias de la Policía Local. La normativa española autoriza la conducción de motocicletas de hasta 125 cc. a todos aquellos conductores que tengan más de tres años de antigüedad en su permiso B. Sin embargo, en el caso de Albín esta autorización no sería aplicable, ya que su carnet extranjero no ha sido homologado por la Dirección General de Tráfico».
«El propio gabinete de prensa del Ayuntamiento habría confirmado la veracidad de estas informaciones al asegurar en un correo electrónico que el concejal de Policía Local, Ricardo Albín, tiene una licencia de conducir expedida en Argentina. Sin embargo, dicho permiso jamás habría sido homologado en España, tal y como exige la normativa en materia de Seguridad Vial, por lo que su carnet suramericano no sería valido después de seis meses desde que obtuvo la residencia», concluyeron.
«La intolerable saturación urbanística que padece la zona de cala Tarida, en otra época una de las más atractivas del litoral josepí y actualmente ejemplo de las nefastas e irreversibles consecuèncias de la especulación urbanística que han amparado, durante décadas, las administraciones públicas, se verá ahora incrementada con un nuevo desarrollo urbanístico de 100 viviendas y 90 nuevas plazas turísticas», anunció ayer la asociación ecologista GEN-GOB mediante un comunicado de prensa.
Los ecologistas, además, calificaron de «igualmente intolerable el hecho de que la especulación, que está en directa contradicción con el interés general, no sólo se permite por las administraciones responsables, sino qeu incluso está incentivada con inversiones millonarias de fondos públicos», por el hecho de que «aunque teóricamente los gastos de la urbanización van a cargo del promotor y que para la autorización de lso desarrollos urbanísticos ha de estar garantizada la suficiencia de los recursos energéticos e hídricos necesarios, lo cierto es que en cala Tarida se está construyendo una depuradora con un coste millonario con cargo a las arcas públicas para dar servicio a las promociones urbanísticas privadas, en buena parte realizadas al margen de la legalidad».
«Ahora, esta infraestructura pagada con el dinero de todos, servirá también para permitir esta nueva zona urbanizada», concluyeron, en tramitación tanto por el Ayuntamiento en Sant Josep como en el Consell..