M. J./AGENCIAS
EL plan de viabilidad presentado ayer por Spanair para tratar de superar la crisis económica y el encarecimiento del combustible supondrá el despido de 1.100 empleados de la compañía y la eliminación inmediata de nueve rutas consideradas «deficitarias» por la aerolínea, así como el cese de actividad de 15 aviones, 10 propios y cinco ajenos en contrato de alquiler o leasing. Se estima que el efecto resultante de estas medidas será de 90 millones de euros en 2009. Eivissa queda practicamente fuera de la remodelación de trayectos ya que ninguna de las conexiones que se suprimirán afectará a es Codolar, si bien, cuando se inicie la temporada de invierno el 1 de noviembre, se eliminará una de las conexiones entre las Pitiüses y Barcelona.
«Ya sabemos que se reducirá una de las cinco frecuencias que (Spanair) tiene entre Eivissa y Barcelona. Es la única frecuencia [de Balears] que se verá afectada», aseguró ayer la directora general de Transport Aéri i Marítim del Govern, Joana Amengual. «En estos momentos es una ruta muy bien servida, no supone un problema grande de movilidad», añadió.
Fuentes de la compañía confirmaron ayer que no está previsto anular rutas con Eivissa aunque advirtieron que si el plan de choque actual no surte el efecto deseado, «puede que haya que estudiar nuevas supresiones».
Todas las compañías están estudiando si llevan a cabo una reestructuración para eliminar las rutas menos rentables, apuntó Amengual. En este contexto, al Govern «le preocupa que Spanair elimine frecuencias, no rutas, entre las islas menores y la Península», aseveró.
Reducción de plantilla
Spanair, propiedad todavía de la escandinava SAS tras fracasar su intención de buscar un comprador, reducirá un 32% su plantilla, lo que supondrá eliminar 1.100 empleos de una plantilla total de 3.800 trabajadores, un 32% del total.
Unos 250 trabajadores del total de 800 que trabajan en actualmente en las oficinas que tiene Spanair en Palma se verán afectados por el recorte de la plantilla según Amengual. El resto de trabajadores que perderán previsiblemente su empleo proceden de otras comunidades, donde la compañía cree que la plantilla está «sobredimensionada», añadió.
Así, el director general de Recursos Humanos y de Organización de Spanair informó al Govern que la intención de la empresa es que el recorte de personal afecte «desde a operarios de carga y descarga hasta pilotos y directores generales», aseguró Amengual.
«Confío en que el proceso sea lo menos traumático posible», añadió, tras señalar que ante un plan de regulación de empresa privada como éste las actuaciones que pueden llevar a cabo una administración «son muy limitadas», afirmó.
En contraposición a las declaraciones de la responsable del Govern en materia de transporte aéreo, fuentes de la compañía con sede en Mallorca afirmaron desconocer de dónde había obtenido Amengual dicha información. «Lo que se ha presentado hoy (por ayer) son las líneas generales de actuación pero ahora se abre un proceso, de unas 10 semanas, en el que se crearán comisiones departamentales para analizar qué puestos de trabajo son prescindibles», afirmaron para, a continuación, añadir que «no se ha fijado de dónde se eliminarán esos empleados algo que, además, se negociará con los sindicatos».
«Lo único seguro es que los recortes serán en todos los departamentos y a todos los niveles», concluyeron.
Lo que preocupa al Govern, según Amengual, es la posible reducción de conexiones de cara al otoño e invierno. Al respecto, indicó que está manteniendo reuniones con Air Europa, Air Nostrum, Spanair y Clickair, y que todas las compañías han asegurado que, «en principio», no reducirán rutas.
«No vamos a consentir quedarnos sin conexión», ha apuntado la directora general, quien ha añadido que este sector «cambia en una semana» y que, por ello, no se puede asegurar al 100% que no haya recortes.
Amengual remarcó que el archipiélago necesita tener garantizadas las conexiones y a un precio razonable. Por ello ha pedido a Fomento la declaración de servicio público entre las Islas y la Península, una petición pendiente que podría aplazarse en el tiempo más de lo deseado debido a la incertidumbre económica y que dificulta al Estado dar luz verde a estas cuestiones.