El departamento de Urbanisme del Ayuntamiento de Eivissa está investigando si una o varias personas en conjunto están realizando obras ilegales en viviendas del barrio de sa Capelleta con el fin de aumentar el número de habitaciones de cara a destinar los pisos al alquiler estacional.
Éste último aspecto implicaría una infracción más, esta vez en materia de turismo, por lo que sería el Consell d'Eivissa el responsable de investigarlo. Fuentes de la entidad insular aseguraron que, de momento, no han recibido denuncias o expedientes por este tipo de infracciones.
Aunque los cuatro expedientes informativos que se han abierto recientemente y oficialmente las investigaciones todavía están en una fase preliminar, fuentes conocedoras del proceso han señalado que tras las presuntas infracciones parece encontrarse un ciudadano extranjero que se dedicaría a alquilar viviendas en el distrito antes mencionado y posteriormente realizar las obras.
Una vez está en la vivienda, esta persona procedería a hacer reformas interiores en la vivienda para modificar su distribución y conseguir más habitaciones, las cuales posteriormente ofrecería en subarriendo, con lo que obtendría un beneficio económico con esta actividad.
Desde el Ayuntamiento se reconoció que los expedientes existen, pero señalaron que se encuentran todavía en una fase preliminar y reconocieron que es difícil en muchos casos demostrar la existencia de las irregularidades.
«Las denuncias nos han llegado por vecinos que aseguran que ha habido una actividad de reforma importante en una vivienda y sospechaban que no se contaba con el permiso del Ayuntamiento», explicaron. «El problema es que los técnicos sólo pueden acceder a la vivienda si las obras todavía están en marcha o si existe orden judicial o requerimiento de otra Administración para actuar», añadieron.
A la dificultad de poder inspeccionar directamente los alojamientos se une el problema de demostrar que la reforma no contaba con permiso y que no ha prescrito la infracción.
«A pesar de estos problemas, no hay que descartar que alguno de los expedientes informativos acaben con sanción», aseguran desde el Ayuntamiento. «Si no fuera así, es importante alertar a los propietarios de viviendas de que puede existir este fraude y a quienes lo realizan habría que advertirles de que las denuncias llegan y actuaremos en consecuencia», añadieron.
A. M.
El Govern convocará en septiembre un concurso para comprar viviendas y sacarlas al mercado como VPO, tanto en venta como en alquiler. El departamento que dirige Jaume Carbonero prevé adquirir entre 100 y 150 inmuebles finalizados o en construcción, pero que se deberán entregar acabados, a un precio un 20 por ciento inferior al de las viviendas de protección oficial (VPO). Así, la Conselleria d'Habitatge destinará unos 15 millones de euros, aproximadamente, a la adquisición de estas viviendas, ya que pagará el metro cuadrado útil a 1.600 euros, aproximadamente.
Con esta iniciativa se cumple un doble objetivo. Por una parte, los promotores y constructores podrán dar salida al stock de viviendas sin vender y que ha provocado incluso la paralización de algunas de ellas. Por otra, se facilitará el acceso a la vivienda.
Los interesados en vender sus inmuebles al Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) tendrán un mes y medio, aproximadamente, a partir del momento que se publique la convocatoria del concurso en el BOCAIB.