G.ROMANI
La Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costas de Formentera, ha mostrado su «más profunda indignación ante la multa impuesta por Costas por un vertido de grava en la zona de Migjorn (una vecina deberá pagar 18.000 euros por verter un camión con 50 m3 de grava)». Los afectados denuncian «no sólo que el Gobierno nos han quitado la propiedad, sino que además nos sentimos acosados por la Demarcación de Costas de Balears que sigue bajo lupa todos nuestros trabajos cotidianos».
Desde la plataforma se recuerda que los afectados por el deslinde son mayoritariamente pequeños empresarios que desde hace décadas gestionan sus negocios de manera familiar. «El tener al día nuestros establecimientos conlleva la necesidad de realizar labores de mantenimiento (que no hacen ningún daño al medio ambiente) y sin los cuales nuestros establecimientos quedarían obsoletos en el medio plazo, dejando en decadencia el producto turístico de la isla». Pero, tal como recuerdan, «debido a la situación de indefinición con respecto a la propiedad de nuestros negocios, llevamos años solicitando licencias de obras sin recibir respuesta de la Demarcación de Costas de Balears. No obstante, la ausencia de petición de autorización deriva en sanciones como la anterior, y a veces, desmesuradas».
La Plataforma recordó que el pasado mes de abril numerosos propietarios de establecimientos en Migjorn fueron amenazados por la Demarcación de Costas de que se les pondría una denuncia y multa si seguían pintando sus establecimientos sin pedir autorización a Costas. En esta ocasión, la cosa quedó allí gracias a las gestiones realizadas por la Plataforma, «pero lamentablemente, este tipo de situaciones se repite en el tiempo.
Sanciones con permiso
Otro ejemplo, es la sanción impuesta al Hotel Roca Bella (total de ? 3.600) por realizar en marzo de 2007 dos pozos en la zona del hotel sin pedir autorización explícita a la Demarcación de Costas de Baleares. «Lo indignante del asunto es que los propietarios de este establecimiento tenían autorización de la Conselleria de Medio Ambiente del Govern balear, que es en definitiva el organismo que concede la autorización para hacer pozos».
Curiosamente indican desde la Plataforma, en otras islas parece bastar la autorización de esta Conselleria para hacer pozos en el litoral, y se dio el hecho de que la Conselleria de Medio Ambiente no informó sobre la necesidad de pedir también autorización a Costas, y siendo que el dominio público de las aguas subterráneas pertenece al Departamento de Recursos Hídricos y no a Costas, el solicitante creyó suficiente tener esta autorización. No obstante, se han ignorado todas las alegaciones presentadas contra esta sanción.