El registro que hizo la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Sant Josep se saldó con la retirada de trece cajas de documentación, entre las que había 50 expedientes urbanísticos, además de papeles diversos como faxes y cartas. La Policía Judicial tenía órdenes muy precisas y buscaba licencias e informes urbanísticos muy concretos. Al parecer, encontraron todo lo que buscaban.
Meses antes del registro, el Juzgado de Instrucción número 3 ya había solicitado un número similar de expedientes, en concreto aquellos firmados por la nuera del ex arquitecto municipal, Pilar Fernández, quien habría rubricado proyectos en el municipio de Sant Josep informados favorablemente por su propio suegro.
De hecho, en los últimos meses se han investigado no sólo estos proyectos relacionados con las empresas de la familia Huerta (Kentike SL, Arkimer, AH Arquitectos y Arkirent), sino también los que podrían haber rubricado otros profesionales de la arquitectura. Presuntamente, Antonio Huerta Briz utilizaba la firma de otros arquitectos para firmar proyectos que él mismo redactaba y que luego informaba favorablemente desde su puesto de técnico municipal, algo que está prohibido por ley.
Fuentes relacionadas con el caso explicaron que la presunta corrupción urbanística del ex arquitecto municipal era conocida por muchos profesionales del sector desde hace años, aunque sólo el colegio de arquitectos decidió sumarse a la denuncia cuando el GEN lo llevó a Fiscalía. Fue entonces, una vez que Huerta ya estaba imputado, cuando los investigadores comenzaron a recibir testimonios anónimos de lo que ocurría en Sant Josep.
El presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Ramón Arnau, aseguró ayer que el caso Huerta no ha creado ningún tipo de preocupación dentro del sector. «Esto es cosa de ellos, no tenemos nada que ver con ellos», explicó Arnau, que añadió «allá él con su inmobiliaria» y recordó que con el boom de la construcción muchas personas decidieron dedicarse a este negocio.
Huerta también ha sido imputado por blanqueo de capitales. De hecho, la Agencia Tributaria ha destinado a tiempo completo a cinco funcionarios d ela Brigada de Blanqueo de Capitales durante los cuatro meses previos a la detención. El trabajo se desarrolló íntegramente en Mallorca. Por el momento no se han encontrado pruebas de que haya evadido capitales al extranjero.
La concejala de Urbanisme del Ayuntamiento de Palma, Yolanda Garví, estuvo trabajando unos meses con el ex arquitecto municipal Antonio Huerta Briz. Según explicaron ayer fuentes municipales, Garví era recién licenciada cuando vio un anuncio de un despacho de Andratx que trabajaba con Eivissa. Llegó a redactar allí tres proyectos que se iban a levantar en el municipio de Sant Josep, aunque decidió renunciar porque no veía la situación demasiado clara. «Presentó una renuncia formal ante el colegio de arquitectos», explicaron ayer fuentes del Ayuntamiento de Palma, que aseguran que Garví está ahora muy aliviada por haber tomado esa decisión hace diez años siendo recién titulada y sin conocer todavía . «El despacho de Andratx estaba relacionado con algún familiar de Huerta», explicaron las mismas fuentes, que indicaron que Garví no ha sido llamada por el juez como testigo. Añadieron que a la regidora se le han puesto «los pelos de punta» cuando ha conocido el registro policial y la detención del ex arquitecto municipal.
Garví es concejala no electa del Ayuntamiento de Palma, dirigido por el pacto de izquierdas.
Esquerra Republicana de Balears ha reclamado una mayor celeridad en los mecanismos de control de los casos de corrupción. «El caso de la familia Huerta en Sant Josep fue denunciado hace tres años», recuerdan desde ERC, donde consideran que hay que arbitrar los mecanismos necesarios desde la Administración de Justicia para evitar que las prácticas corruptas «se pudran» dentro de las instituciones. «Una justicia rápida ayudaría a erradicar la corrupción instalada dentro de determinadas administraciones ya que el PP nos ha demostrado ser eficaz y rápido a la hora de cometer irregularidades».