D.A/L.A./E.P.
Antonio Huerta Chamorro y su mujer Pilar Fernández abandonaron ayer por la noche la cárcel de Eivissa tras depositar su abogado cerca de las ocho de la tarde la fianza impuesta por el juez de 80.000 euros para cada uno de los dos acusados.
A partir de ahora la pareja formada por el hijo y la nuera del ex arquitecto municipal de Sant Josep deberá comparecer periódicamente en el juzgado, se les retira el pasaporte y no pueden abandonar el territorio español. Ambos están acusados de varios de los delitos que se le imputan a Antonio Huerta Briz, que está ingresado en prisión incondicional acusado de malversación, prevaricación urbanística, cohecho, negociación prohibida a funcionarios, blanqueo de dinero y falsedad documental. Además, el ministerio fiscal imputa al ex arquitecto presuntos delitos contra la ordenación del territorio y tráfico de influencias. En este sentido, la fiscalía reclamaba una fianza de 200.000 euros para el hijo y la nuera, que finalmente fue fijada en 80.000 euros por el juez.
El hijo y la nuera de Antonio Huerta Briz fueron detenidos el pasado lunes en el marco de la denominada 'Operación Pitiusa', con la que se trata de esclarecer el entramado que tenía montado la familia Huerta para supuestamente acaparar el desarrollo de proyectos urbanísticos en el municipio de Sant Josep desde 1998 a 2007. Los dos detenidos pasaron tres noches en los calabozos de la Guardia Civil de Sant Antoni y la noche del jueves lo hicieron en la cárcel de Eivissa, junto al ex arquitecto municipal.
La investigación
Fuentes del Col·legi Oficial de d'Arquitectes de Balears (COAIB) expresaron ayer su satisfacción «porque la investigación haya dado sus frutos», aunque quisieron matizar que esto no significa que les «alegre la situación personal del individuo», según afirmaron en referencia al ingreso en prisión del ex arquitecto municipal Antonio Huerta.
Asimismo, desde el ente profesional señalaron que tenían «confianza en la investigación» desarrollada por la Guardia Civil en la causa instruida por el juez Pablo Mendoza.
Cabe recordar que el colegio de arquitectos se personó como acusación particular en esta presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Sant Josep y que además ha iniciado un proceso disciplinario para esclarecer las responsabilidades deontológicas que puedan existir, aunque este proceso está actualmente suspendido a causa del proceso penal.
La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sant Josep, Encarna Castro, defendió ayer las actuaciones de control emprendidas por el ejecutivo de José Serra Escandell, quien fue alcalde de la localidad durante el periodo en el que se produjeron los presuntos delitos que se le imputan al ex arquitecto municipal, Antonio Huerta, ya que «siempre que la Justicia nos requirió documentación por cualquier posible denuncia se les entregó la información requerida con celeridad».
A este respecto, tildó de «oportunista» al actual equipo de gobierno de PSOE-EXC, quien «ahora asegura que sabía de los hechos que se le imputan cuando estaban en la oposición, pero que nunca presentó una denuncia al respecto ante los Juzgados ni ante el Ayuntamiento».
Encarna Castro matizó, en declaraciones a Europa Press, que los responsables políticos de las anteriores legislaturas no estaban al tanto de las posibles irregularidades que hubiera podido cometer Huerta en su labor como funcionario, «porque en este caso no se exige una declaraciones de bienes al tomar posesión de un cargo», y confió en que el caso se resuelva con la mayor premura.
Por su parte, la concejala de Gobernación de Sant Josep, Paquita Ribas, lamentó el curso de los hechos en este sentido y recordó que la oposición, que hoy gobierna, y agrupaciones ecologistas «sí habíamos denunciado estos hechos con anterioridad en distintos plenos». Ribas abogó porque la justicia «haga lo que le toca» aunque apuntó «que el entonces alcalde José Serra Escandell debería haberse fijado más o hacer algo ante los indicios que había».