La ley del suelo que ha elaborado el Govern premiará a los propietarios de casas u obras ilegales que decidan derribarlas de manera voluntaria. En concreto, los beneficios que incluye la ley del suelo se concretarían en el pago de las sanciones por parte de aquellos propietarios que hayan cometido las irregularidades. Los descuentos en las multas oscilarían entre el 80 y 95 por ciento, según explicó ayer el conseller d'Ordenació del Territori, Biel Vicens. Éste es uno de los puntos más novedosos del anteproyecto de ley del suelo, que ahora debe ser consensuado entre todos los partidos que integran el Govern.
Vicens dijo que su departamento no quiere que el anteproyecto de ley sea un texto cerrado y por eso espera las aportaciones de instituciones y de la sociedad civil. En el caso de las Àreas de Reconversión Territorial, Vicens explicó que en los próximos meses debe concretarse cómo se desarrollan. «Las ART son un instrumento bueno para determinadas áreas saturadas, pero no es lógico que se incentive el aprovechamiento urbanístico. No es lógico intercambiar una vaquería con una zona para poder crear 1.200 plazas turísticas», dijo Vicens. El titular d'Ordenació del Territori comentó que el Consell de Mallorca debe decidir el futuro de las Àreas de Reconversión Territorial. «Debe hacerse un uso racional de las ART», insistió el titular d'Obres Públiques. La ley del suelo redactada por el Govern no contempla la eliminación de las ART.
Vicens comentó que la ley del suelo es una «oportunidad seria» para cambiar el modelo territorial. «Algunos males endémicos de nuestro modelo territorial pueden corregirse con esta ley. Se da la espalda a las malas prácticas urbanísticas y al urbanismo a la carta», subrayó Biel Vicens.
Acceso a la vivienda
El conseller d'Obres Públiques, quien anunció que el anteproyecto de ley será expuesto en internet en los próximos días, recordó que la aprobación de la ley del suelo modificará o derogará más de 20 normas territoriales y urbanísticas autonómicas. En estos momentos, la Comunitat balear tiene que recurrir a la ley estatal, aprobada en 1976.
La ley plantea una atención especial a las necesidades sociales de acceso a la vivienda. Se regulan unas reservas de suelo correspondientes al 30 por ciento en suelo urbano y urbanizable para la creación de patrimonios públicos de suelo.
Además, el anteproyecto elaborado por el Govern restringe el concepto de suelo urbano para evitar la creación de lo que se denominan «falsos urbanos».
Se articula también una regulación en positivo del suelo rústico de acuerdo con su naturaleza rústica y dirigido a actividades relacionadas con el uso y explicación de los recursos naturales. Se limita la construcción en suelo rústico.