La construcción del nuevo edificio de los juzgados de Eivissa sigue paralizada aunque, esta vez, no es Justicia o el Ayuntamiento de la ciudad los responsables de que se bloquee el proceso para trasladar este servicio a sa Graduada. Según explicó ayer en Vila el conseller de Presidència del Govern, Albert Moragues, «la última información es que el Ministerio de Justicia ha aceptado la propuesta del Ayuntamiento pero que en esas instalaciones no sólo irán los juzgados, sino que también habrá otras dependencias estatales, y son los responsables de esas administraciones del Estado los que están negociando todavía». «Respecto a Justicia, por lo que sé, consideran que es un poco justo pero hay espacio suficiente para las instalaciones», añadió.
El proyecto de construcción en los terrenos de sa Graduada incluye, además de una veintena de tribunales e instalaciones de uso judicial que ocuparían unos 11.000 metros cuadrados, la nueva Delegación Insular de la Administración del Estado, un organismo dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, que reclama unos 3.000 metros cuadrados y que sería el que de momento no habría dado luz verde al proyecto.
Moragues reiteró ayer que el caso de las infraestructuras judiciales en Vila son fundamentales. «Aunque el resto de la negociación para el traspaso estuviera correcto, no aceptaríamos hasta que no estuviera resuelto el caso de Eivissa», aseguró.
Tal hipótesis está lejos de plantearse, reconoció Moragues, quién insistió en que los 51,7 millones que ofrece Justicia para el traspaso de las competencias no es suficiente y que se sigue negociando. «En Balears tenemos un problema muy importante con las infraestructuras y en lo que estamos más alejados con el Ministerio es la dotación suficiente para acabar con el déficit en inmuebles», destacó.
«Nos dan seis millones anuales y nos dicen que pidamos un crédito que se amortice con ese dinero. Nosotros lo que le decimos al Ministerio es que necesitamos ya las infraestructuras y que no vamos a endeudarnos ahora; ya lo haremos cuando se nos hayan transferido las competencias si hace falta», dijo Moragues, quien insistió en que «les pedimos que sean ellos los que se hagan cargo antes de la transferencia».
Los juzgados de paz de Sant Antoni, Sant Josep y Santa Eulària figuraban en 2007 (último año con datos disponibles) entre los 10 con mayor carga de trabajo de todo Balears, con entre 1.500 y 2.200 asuntos tramitados entre exhortos (comunicaciones a particulares) de temas civiles y penales.
Así lo aseguró ayer en Eivissa el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Antoni Terrassa. «Tres de los cuatro juzgados de Eivissa (hay otro más en Formentera) están localizados en la franja que nosotros consideramos como de gran cantidad de trabajo, aunque es probable que en 2008 hayan conseguido mejorar sus ratios», explicó el magistrado.
Para tratar de optimizar el trabajo en estos centros, Terrassa firmó ayer en Eivissa un convenio con el conseller de Presidència del Govern, Albert Moragues, los presidentes de los consells insulars y los alcaldes para mejorar la dotación informática de los juzgados de paz.
Mediante este convenio, la Administración autonómica aporta 8.000 euros (6.000 para los juzgados de Eivissa y 2.000 para Formentera) para la adquisición de equipos informáticos. Por su parte, consells y ayuntamientos sufragarán la elaboración del programa de gestión (que deberá ser compatible con los que se desarrollarán independientemente para Mallorca y Menorca) y la formación del personal. Según el presidente del Consell d'Eivissa, Xico Tarrés, los juzgados de paz ya habrán adoptado estas medidas de modernización el próximo mes de septiembre.
Acortar plazos
Terrassa destacó que esta actuación es fundamental para poder mejorar el funcionamiento integral de la administración de justicia en las Islas. «Si los juzgados de paz no funcionan bien, eso supone una ralentización de los procesos. Por lo tanto, aunque consiguiéramos tener más juzgados de Primera Instancia funcionando, no conseguiríamos una mejora para los ciudadanos», apuntó.
«Esto repercutirá fundamentalmente en la recuperación de lapsos de tramitación que se ven ralentizados. Eso es lo que los ciudadanos podrán ver al final», añadió.
Por su parte, Moragues agradeció a los consells, y especialmente a los ayuntamientos, que se hagan cargo de competencias compartidas con el Estado «y mal financiadas». En este sentido, el conseller balear destacó que el Govern colabora en esta iniciativa de mejorar los juzgados de paz.
«Estamos en camino de asumir las competencias de justicia y por eso apoyamos estos gestos de mejora de la maquinaria judicial para ir solucionando algunos problemas», aseguró el conseller, quién añadió que «ésta es una de las intervenciones, pero también queremos contribuir en la mejora de la informatización de los registros civiles». «Esto también nos sirve de entrenamiento para cuando recibamos las competencias», concluyó.
Por su parte, Tarrés destacó que, «al final, quienes se beneficiarán de esta informatización de los juzgados de paz de la Isla son los ciudadanos, porque se agilizarán mucho los trámites».