L. A.
El Ayuntamiento de Sant Joan solicitará un estudio económico y financiero a la Universitat de les Illes Balears (UIB) a fin de conocer qué ingresos deja de percibir el municipio a causa de su alto nivel de protección del territorio, que en este caso alcanza el 85%.
La solicitud de este estudio se aprobó ayer por unanimidad durante un pleno extraordinario en el que también se abordó el «hermanamiento» que realizó Sant Joan con otros municipios de Balears con características similares, como son los ayuntamientos de Campos y Artà, y cuyos costes de protección también formarán parte de este estudio.
El alcalde Antoni Marí Marí Carraca aseguró que el objetivo del informe será la solicitud de una «financiación más justa». «Queremos saber qué dejamos de percibir los consistorios como el nuestro, con una particular calificación urbanística, y también cuál es la base que sienta actualmente el sistema de financiación local», aseguró el primer edil, quien considera necesario que las localidades donde las cotas de protección son mucho más altas que sus censos de población logren un equilibrio entre lo que aportan y reciben del Estado, en contraprestación por mantener una política de protección territorial.
«Es algo de justicia, porque se ha pensado en proteger, pero no se ha pensado en compensar. A día de hoy no se pone tanto en duda si proteger o no, sino que no se ha planteado lo que cuesta la protección. Y esto en una doble vertiente: de cara a los propietarios afectados y de cara a la administración municipal» explicó Marí, quien destacó, además, que las conclusiones serán trasladadas a todas las administraciones necesarias «a fin de resolver el problema».
En esta misma línea, el alcalde adelantó que ha iniciado contactos con responsables del Govern balear, del Consell d'Eivissa y del Gobierno Central para solicitarles un mayor apoyo económico para Sant Joan «por ser la localidad con más zonas verdes de las Pitiüses» y destacó que es necesario que las corporaciones «luchen por la obtención de una base fiscal que permita un mayor margen a consistorios y retribuya a los ciudadanos que no pueden hacer uso de sus terrenos, privados o municipales, sin recibir nada a cambio».
El alcalde también lamentó que Sant Joan no cuente con infraestructuras básicas médicas, educativas o empresariales «porque el 85% de su territorio tiene alguna figura de protección», un hecho que también obliga a que los ciudadanos del municipio deban irse a otros puntos del de la isla donde sí pueden montar un negocio o construirse una casa. Según el alcalde, ésta es una problemática que «no puede dejarse de lado».
El alcalde aseguró que el hermanamiento entre Sant Joan y los municipios mallorquines de Artà y Campos tiene el objetivo de «luchar de forma conjunta por una financiación más justa». El alcalde destacó que esta fusión de fuerzas de ejecutivos, de distintos colores políticos, «no es cerrada ni exclusivista y está abierta a todas aquellas administraciones que del mismo modo que nosotros tengan niveles de protección muy altos que no se compensan con recursos económicos».