El aparejador municipal de Sant Antoni negó ayer ante el juez haber recibido ningún tipo de presión para realizar los informes de la mansión de Michel Cretu en Santa Agnès, que ahora tendrá que ser demolida por haber sido construida en base a una licencia ilegal. El técnico aseguró que cuando emite los informes no tiene en cuenta el nombre del promotor ni del propietario.
Este aparejador fue el autor del informe con el que se otorgó la primera licencia para construir la casa, un permiso que data del año 96. Pese a las insistentes preguntas del fiscal y de la acusación particular, el técnico no supo decir si la mansión está sobre una cima o no. También aseguró que si se encontrara en la misma situación volvería a actuar de la misma forma si las leyes fueran las mismas, por lo que se ratifica en todos sus informes.
Desde el GEN explicaron ayer que el informe de este técnico indicaba que la construcción se debía hacer por debajo de los 200 metros de cota, algo que no se cumplió. Sin embargo, destacan que este mismo técnico fue el que luego dio el final de obra y lo vio todo correcto pese a que no se había respetado su recomendación.
En su declaración ante el juez, el aparejador también explicó que recientemente ha estado en la mansión para realizar un informe para su demolición. En este sentido, sí que reconoció que había notado una construcción superior a la que permitía la licencia.
El aparejador también insistió varias veces en que él no es jurista, aunque desde el GEN matizan que si es aparejador municipal debe conocer las leyes para saber si una construcción las cumple o no.
Este técnico compareció como imputado por hechos relacionados con delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística.
Durante la mañana de ayer también declaró ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 el testigo Pep Ribas, que fue concejal de Els Verds del Ayuntamiento de Sant Antoni. Ribas aseguró que avisó repetidamente de manera formal (en plenos y comisiones) e incluso informal (tomando unas cervezas) al ex alcalde Antoni Marí Tur y a la ex regidora de Urbanismo Blanca Castiella de que la casa se estaba construyendo ilegalmente. Insistió en que los responsables eran estos dos concejales, ya que el resto no sabían nada de urbanismo y no eran informados convenientemente. Ribas consideró también que es evidente que la casa está en una cima.