El Govern balear no traspasará la titularidad de las autovías al Consell d'Eivissa hasta que no haya pagado el peaje en sombra de estas carreteras, que durará 25 años. Esto supone que la institución ibicenca no podrá marcar la velocidad máxima con la que se puede circular por estas vías hasta dentro de muchos años.
Actualmente la carretera de Sant Antoni tiene un límite de velocidad de sólo 80 kilómetros/hora y además cuenta con dos radares que multan a más de cien conductores cada día. Desde el Govern no se plantean subir este límite porque alegan motivos de seguridad y medioambientales. De hecho, desde el Consell solicitaron hace algún tiempo que se subiera la velocidad, algo que fue rechazado por la Conselleria balear d'Obres Públiques. Por eso, la única esperanza que le quedaba a la máxima institución insular era cambiar la velocidad cuando asumiera la gestión de estas carreteras.
Sin embargo, desde el Govern aseguran que no pueden traspasar estas vías al Consell hasta que no hayan abonado el peaje en sombra de estas carreteras a las empresas concesionarias, que son las que construyeron las autovías y que se encargan de su mantenimiento en los próximos años. Además, aseguran que «tienen muy claro» que no van a subir el límite de velocidad porque esta vía pasa cerca de núcleos urbanos. «Entra la filosofía de que no están de acuerdo con las autovías y no se va a fomentar un aumento de la velocidad», añaden desde el Govern, donde aseguran que mientras el actual equipo esté en la Conselleria no se cambiará.
Desde el Consell afirmaron ayer que ven «lógico» que se aumente la velocidad un poco, aunque por el momento es complicado poder hacer nada porque no enra dentro de sus competencias. De todas formas, aseguran que el conseller de Mobilitat está trabajando en esta cuestión para ver si se puede cambiar esta situación.
Según la Delegación del Gobierno de Balears, desde que se pusieron en marcha los dos radares fijos el 12 de diciembre del año pasado hasta el 31 de marzo de este año se tramitaron 5.049 sanciones por exceso de velocidad, una brutal cantidad de dinero que, de continuar así las estadísticas, supondría una recaudación anual mínima superior a los cuatro millones de euros, aunque fácilmente podría ser mucho más.
La cuota que tendrá que abonar el Govern balear a las empresas concesionarias de las autovías de Sant Antoni y del aeropuerto aumentará anualmente un 3'5 por ciento. Estos incrementos se producirán hasta 2030 y sólo este año se desembolsarán un total de 11'7 millones de euros, 4'8 para la carretera al aeropuerto y 6'9 para Sant Antoni.
Desde el Govern siemrpe han lamentado que lo peor de este sistema es que los equipos de gobierno venideros seguirán pagando el «pecado» de 20 años atrás.
La diputada de Eivissa pel Canvi Marián Suárez calculó hace unos meses que el Govern tendrá que abonar cantidades similares durante 25 años, lo que arroja una cifra final de 350 millones de euros, a lo que hay que sumar el coste de construcción de ambas carreteras, que asciende a unos 180 millones.