El empresario tarraconense Fernando Ferré deberá en breve volver a pasar por los juzgados de Eivissa. El hotelero tendrá que hacerlo en esta ocasión como imputado para defenderse de las nuevas sospechas que se han cernido sobre él después de que la propia Fiscalía de Eivissa denunciara el año pasado la posibilidad de que Ferré Cardó hubiera defraudado a la Hacienda Pública creando una empresa supuestamente ficticia y un entramado en Chequia sobre el que se derivaba la responsabilidad del pago de trabajadores con la Seguridad Social. El juzgado instructor de esta causa confirmó ayer la condición de imputado de Ferré, así como su obligación de prestar declaración también por la anomalías contra la seguridad de los trabajadores que presuntamente se derivaron de eso manejos.
Los indicios, al respecto, apuntan a que con esta firma se conseguía no dar de alta trabajadores de esta nacionalidad alegando que ya estaban legalizados en su país y que los contrataba, trayéndolos de esta nación, expresamente para incluirlos en la plantilla del Grupo Playa Sol. Las sospechas, sin embargo, se dirigen a que todos los afectados ya estaban trabajando para sus empresas en Eivissa. El número de personas que pudo ser utilizada para estas maniobras se calcula en un centenar. De igual modo, las mismas estimaciones resuelven que el fraude con la Hacienda Pública podría superar los 120.000 euros.
Al respecto, la Fiscalía de Eivissa solicitó en su día a la Tesorería General de la Seguridad Social que efectuara un cálculo de cuotas que debió abonar el hotelero por trabajadores que supuestamente se desplazaron a la isla para emplearse en la isla cuando ya lo estaban, según sus investigaciones.
Los sindicatos, por su parte, indicaron en su día la posibilidad de que muchos de estos trabajadores se habían visto obligados a volver a su país de origen sin que hubieran podido cobrar el finiquito por sus servicios.
La Fiscalía de Eivissa ya ha actuado contra Fernando Ferré presentando un escrito en el que se piden diez años de cárcel para el hotelero después de que una redada llevada a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía y la Inspección de Trabajo acreditara en 2006 la supuesta condición de trabajadores irregularidades de un buen número de personas que se hallaban en la reforma de los hoteles s'Estanyol y San Remo, en Cala de Bou. El empresario siempre se declaró inocente y dijo que el tiempo lo demostraría.