Los alcaldes de los ayuntamientos gobernados por el PP exigirán hoy en el Consell d'Alcaldes al presidente del Consell, Xico Tarrés, que consensúe con ellos el diseño de la carretera de Sant Miquel, cuyo carril bici ha generado polémica entre los vecinos.
El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, criticó que los temas importantes, como la reforma de esta carretera, no se tratan en este foro, cuando sería le más adecuado. «No se ha contado ni con los ayuntamientos ni con los afectados para diseñar esta vía, sólo hubo una reunión hace un año para hablar de esta cuestión», explicó Marí, que indicó que en ese encuentro todavía no estaba dibujado el carril bici sobre los planos, por lo que es «taxativamente falso» que el proyecto estuviera consensuado.
El primer edil critica que se hable de esta vía como un nuevo modelo a usar en el resto de carreteras cuando no se ha consensuado con la oposición. Por eso piden que se haga un estudio de alternativas para que se pueda debatir cuál es la mejor solución para que afecte lo menos posible a los vecinos. Además, vaticinó que se pueden dar problemas similares si se quiere introducir carril bici en las vías de Sant Joan o de Sant Carles. La propuesta de los populares es que se estudie si se pueden utilizar caminos paralelos o si se puede hacer un arcén más amplio.
Lealtad y sumisión
Marí también se refirió a la acusación lanzada por Tarrés a los populares de «deslealtad institucional» y aseguró que «una cosa es lealtad y otra sumisión», por lo que defendió su derecho a no estar de acuerdo con algo. «Tiene que saber aceptar las críticas y nosotros escuchamos a los vecinos y están preocupados», añadió el edil, que se ofreció a aportar ideas.
Marí también negó que estén caldeando ánimos. «Los vecinos son libres de convocar y hacer reuniones y son lo suficientemente inteligentes para no dejarse soliviantar», añadió el primer edil, que pidió a Tarrés «seriedad» y que se deje de «chistes» porque considera que está «frivolizando» con este problema. «No pedimos carriles de licor del polo, sino carreteras seguras y cómodas», añadió haciendo referencia a palabras de Tarrés. Por eso, solicitó que se hable con los afectados y que no se quiera «imponer un modelo», que no saben si es una «ocurrencia política» para desmarcarse del modelo del PP. «Tenemos que dejar de mirar al pasado y mirar al futuro y un modelo de carretera segura es la de Sant Rafel», añadió.
Por otro lado, el teniente de alcalde de Sant Antoni, Joan Pantaleoni, planteará en el Consell d'Alcaldes la necesidad de alcanzar un consenso en el tema de sa Coma. Criticó que se está dejando demasiado en manos de los técnicos la ubicación de los servicios, cuando primero habría que consensuarlo a nivel político para luego dar directrices a los técnicos. Además, recordó que el recinto tiene uso militar y que es el Consistorio el que tiene que cambiarlo a través de la modificación del plan urbanístico. «Por supuesto ayudaremos en todo lo que haga falta, pero con sentido común y no como se está haciendo ahora», añadió Pantaleoni, qu ecree que las cosas se están haciendo «mal». Además, criticó que se hayan gastado 30 millones de ? en comprar sa Coma, cuando si se hubieran adquirido los de al lado hubieran costado sólo doce millones.
El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí, Carraca, aseguró que el Consell tampoco ha consensuado con ellos la remodelación de la carretera de Sant Joan. «Sólo hemos visto borradores, hemos hablado de rotondas, de no tirar casas, pero no de carril bici», indicó Marí. Además, advirtió de que el arreglo de esta vía es «muy complejo» por la gran cantidad de casas que hay a los lados de la carretera. Tampoco le gusta la idea de que un carril bici pase por detrás de una vivienda porque quita intimidad a los vecinos. Marí añadió que la obligación de los alcaldes es recoger las quejas de sus ciudadanos y recordó que en la reunión de Albert Prats con los vecinos en Sant Miquel estuvo un representante municipal.
El alcalde también planteará en el Consell d'Alcaldes el «drástico descenso» del Plan Insular de Obras y Servicios (PIOS), que se cifra en un millón de euros.