Para finales de la semana próxima o principios de la siguiente se elevará el límite de velocidad de las autovías de la Isla en aquellos tramos «en que la geometría de la vía aconseja que se vaya a una velocidad que, como mínimo, se llegue a los 100 kilómetros por hora».
Así lo anunció ayer en Eivissa el conseller balear d'Obres Públiques, Jaume Carbonero, quien aseguró que la decisión la había adoptado «después de que nos haya llegado el descontento de los usuarios con el límite de 80 kilómetros por hora».
«Rectifico. El límite se puso al hacer las obras y creí que, siguiendo una tendencia europea de pacificación del tráfico y moderación de las vías de acceso a las zonas urbanas, estaba bien mantenerlo al significar menos contaminación y una vía más segura», señaló el conseller, quién remarcó que dicha «pacificación» había ofrecido «resultados muy positivos» en algunas ciudades donde se había adoptado la moderación de las velocidades.
En una semana
Carbonero explicó que su departamento ya ha realizado el estudio de las características de parte de los trazados de Sant Antoni y del aeropuerto por lo que «en un plazo corto, quizás en menos de una semana, podremos estudiar en qué tramos hay que mantener la velocidad y en cuáles la aumentamos hasta los 100 kilómetros». «Si lo notificamos a Tráfico y está de acuerdo, la señalización podría estar en una semana puesto que se hizo un estudio de algunos puntos donde era aconsejable mantener el actual límite. Ahora sería cuestión de completar el estudio, un trabajo rápido que puede estar en dos o tres días», reiteró.
El conseller no precisó en qué puntos se podría incrementar la velocidad máxima aunque sí que precisó que se había observado que era aconsejable dicho incremento «precisamente en los tramos en que se han instalado los radares». A renglón seguido, el titular d'Obres Públiques defendió que su departamento «no recibe ni un euro de lo recaudado por la Dirección General de Tráfico y no sabíamos dónde iban a instalar los radares».
El conseller insular de Mobilitat, Albert Prats, explicó que la intervención de la corporación ibicenca «se ha limitado a trasladar una petición expresa hecha por la Dirección Provincial de Tráfico que consideraba que por el tipo de vía se podía elevar el límite a los 100 kilómetros, si no más».
Prats aseguró que desde la DGT se les hizo llegar, incluso, que fijar el límite en 80 kilómetros por hora «suponía un problema para activar los radares» y defendió que el Consell apoyaba la decisión «por gran afección de las multas y por coherencia con los límites de las otras vías de la Isla».
Carbonero no descartó ayer que las irregularidades que se están constatando en el proceso de construcción de las carreteras pueda acabar en los tribunales, aunque apuntó que es una posibilidad que se estudiará más adelante.
«No nos hemos planteado denunciar ante Fiscalía, seguramente porque estamos desbordados de trabajo. Todos los días nos encontramos con algo de la gestión anterior que no compartimos y rechazamos por lo que intentamos hacer el máximo trabajo para corregir la situación. Tiempo habrá para denunciar», apuntó.
«No nos lo hemos planteado, lo que no quiere decir que no lo hagamos una vez se normalice la situación», reiteró.
A este respecto, el conseller apuntó como algunos de los asuntos que hay que resolver son los proyectos de mejora de los drenajes de las autovías o la situación en la zona de Sant Rafel.
La Conselleria d'Obres Públiques iniciará en breve «el proceso administrativo para retirar de forma subsidiaria las tierras de las autovías» depositadas por MAB en terrenos de la familia Matutes, aseguró ayer Carbonero. El conseller dijo que no se va a esperar a la resolución definitiva del contencioso judicial que sostienen la concesionaria de las obras con Fiesta. «A partir de ahora vamos a estudiar cómo se debe hacer el proceso administrativo para retirar nosotros las tierras, llevándolas a las canteras y sin que lo pague el ciudadano si no la empresa», dijo Carbonero, quien apuntó que la forma más fácil de sufragar la operación «sería que la concesionaria deje de ingresar parte de su cuota anual del pago de peaje en sombra (fórmula por la que la empresa costea las obras y recibe en años posteriores un canon como compensación)», dijo.
Respecto al 1% cultural, Carbonero aseguró que «se va a plantear que se reserve esa cantidad, pero no hay demasiadas esperanzas de que se consiga». El conseller, además, apuntó que los 1,3 millones que supondría «no son territorializables, por lo que podrían invertirse en cualquier sitio».