El Parlament aprobó ayer la Ley de Servicios Sociales, que considera que los servicios sociales son un derecho como la educación y la sanidad.
La ley, que fue aprobada con la abstención del PP, establece que todos ciudadanos tendrán derecho a unos mínimos de comida, ropa y alojamiento. Si la Administración no lo hace, el afectado podrá acudir a tribunales para exigir el cumplimiento de este derecho subjetivo a no pasar hambre.
La ley aprobada ayer por el Parlament es la primera de estas características que entra en vigor en España. A partir de la aprobación de la normativa, se iniciará un periodo transitorio de una duración estimada de 18 meses que servirá para elaborar una cartera de servicios sociales.
Antes de la aprobación de la ley, la consellera de Benestar Social, Josefina Santiago, explicó las líneas básicas del texto. Según la ley, una vez se haya valorado técnicamente que una persona o familia se encuentra en situación de necesidad que le impide acceder a una alimentación suficiente, la Administración estará obligada a suplirla a través de diversas posibilidades. Es decir, deberán determinar si necesita comedores sociales, bolsas de alimentos y becas para comedores.
Precisamente, el diputado del grupo popular Antoni Serra cuestionó que no se haya determinado el coste económico que supondrá la entrada en vigor de esta ley. También criticó que no se tuviesen más en cuenta las propuestas planteadas por el PP.