El Grup d'Estudis de la Naturalesa hizo pública ayer una resolución adoptada por el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco hace menos de un mes en su encuentro anual, celebrado en Sevilla, por el que pide la paralización del proyecto de ampliación del puerto de Vila y requiere al Gobierno español más información sobre las obras así como que se permita que un comité de expertos estudie sobre el terreno las implicaciones de esta reforma.
El documento fija el 1 de febrero como fecha tope para cumplir con estos requisitos para que la cuestión pueda ser estudiada en el próximo encuentro del Comité, que tendrá lugar en junio del año próximo, lo que retrasaría un año el posible inicio de los trabajos.
Según la documentación desvelada por los conservacionistas, la Unesco amonesta al Ejecutivo central por no haber seguido el procedimiento para informarles sobre una actividad que puede afectar a los bienes reconocidos como Patrimonio, tanto los culturales (Dalt Vila) como de biodiversidad (las praderas de posidonia). «(El Comité) expresa su preocupación de la información contradictoria recibida en relación al actual estado de conservación y de los potenciales impactos en el patrimonio del proyecto de ampliación de las instalaciones del puerto existente por lo que requiere al Estado que invite a un comité mixto para la inspección de los bienes protegidos», refleja el documento.
La comisión que propone Unesco estaría formada por mienbros del Centro de Patrimonio Mundial, de la Unión de la Conservación Mundial (órgano consultivo en temas de biodiversidad conocido como IUCN por sus siglas en inglés) e Icomos, el Consejo Mundial de Monumentos y Lugares Patrimoniales.
Confusión local
El dictamen del organismo perteneciente a Unesco reprende duramente a las autoriades baleares e ibicencas sobre su actitud respecto a los elementos patrimoniales protegidos al apuntar que «parece existir una falta de entendimiento a nivel local sobre la naturaleza de este Patrimonio de la Humanidad mixto, sobre sus su delimitacion, y los requisitos para mantener los valores y condiciones de integridad que justificaron la inscripcion del bien en la Lista del Patrimonio Mundial».
El documento continúa con la reclamación de los datos completos de la Declaración de Impacto Ambiental de la ampliación del puerto de Vila «y no empezar la construcción de la ampliación propuesta hasta que la misión de revisión del bien haya sido realizada para que pueda formular recomendaciones».
Finalmente, se requiere al Estado que envíe al Centro de Patrimonio Mundial, «antes del 1 de febrero, un detallado informe sobre el estado de conservación del bien, incluyendo información sobre cómo cumplir las recomendaciones clave surgidas de la visita de inspección».
Según los planes de la Autoritat Portuària de Balears, los trabajos de reforma del puerto deberían adjudicarse antes de agosto para poder iniciar durante el mes de ocubre los trabajos de ampliación del puerto.
Los portavoces del GEN criticaron la actuación de la Autoritat Portuària de Balears y del Ayuntamiento de Vila al querer impulsar una ampliación del puerto de 75.000 metros cuadrados y alertaron de que «en caso de que esta resolución no sea atendida, Eivissa entraría en la lista de patrimonio en peligro y el proceso abierto podría acabar con la exclusión definitiva de la lista del Patrimonio Mundial».
Así lo señaló Neus Prats, quién añadió que «con esta petición sólo hay que esperar que vuelva la cordura a las instituciones y se replanteen el proyecto de ampliación».
«Las repercusiones de esta situación podrían ser muy graves y muy contrarias al interés público», señaló Prats, quién añadió que «actuar en contra no sería defender el interés público si no unos intereses oscuros de unos pocos».
Finalmente, el GEN acusó al Consistorio de haber rechazado un proyecto previo de ampliación en 35.000 metros cuadrados con el argumento de una afección al patrimonio «que con el actual proyecto, mucho mayor, parece que no existe».
El Ayuntamiento de Vila comunicó ayer que no había recibido ninguna notificación oficial respecto al dictamen de Unesco y que «queda a la espera de las posibles instrucciones que puedan llegar por parte del Ministerio de Cultura, que es el interlocutor directo del Estado con Unesco».
«En todo caso, y como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento manifiesta su firme compromiso con la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, de los valores que la hicieron posible y apoya que todos los proyectos que se deban ejecutar en la ciudad lo hagan con un respeto escrupuloso hacia estos bienes reconocidos internacionalmente», añadieron fuentes municipales en un comunicado.
Por otro lado, ningún responsable de la Autoritat Portuària de Balears atendió los requerimientos de este periódico para ofrecer su parecer sobre el dictamen.