Los afectados por la protección de Roca Llisa fueron ayer en el pleno de Santa Eulària el arma arrojadiza entre el equipo de gobierno y la oposición.
La polémica llegó cuando PSOE-ExC pidió la adhesión del Ayuntamiento al Consorcio de Reconversión Territorial y Paisajística que debe decidir las indemnizaciones a los propietarios afectados por la Ley balear de Medidas Urgentes, de protección del territorio. La negativa del alcalde Vicent Marí fue tajante por «las consecuencias económicas e impredecibles que tendrá» al tratarse de «terreno urbano consolidado». Ante esta respuesta la concejala socialista Sonia Pardo le acusó de dar la «espalda a los afectados» porque, según destacó, «la mejor forma de defenderlos es desde dentro del foro y en primera línea».
La oposición también defendió que, como municipio afectado, Santa Eulària tiene que tener una participación «activa en el consorcio», porque «estando dentro» podrá defender mejor los intereses propietarios. «Me he reunido más veces con los afectados que el propio Consell o el Govern porque los consellers que se llenan la boca hablando de proteccionismo y sostenibilidad no los han recibido. Al señor Antich, al señor Miquel Ramon y al señor Tarrés tampoco los he visto por aquí», apuntó el primer edil, que no sólo rechazó la moción sino que arremetió de lleno contra la ley balear de protección.
«El Govern decidió desclasificar una serie de terrenos sin contar con el Ayuntamiento, invadiendo nuestras competencias y desclasificando suelo urbano consolidado. Todo esto tendrá una consecuencias económicas brutales e impredecibles», apuntó Marí, que destacó que la ley «se creó de una manera ilógica, sin pisar el terreno y sin saber lo que se protegía» y acusó al Govern de hacer la ley de «manera temeraria y de mala fe». «Proteger está muy bonito para los titulares de prensa, pero después viene el día después, que es hoy, con afectados que han perdido su patrimonio», agregó.
Por su parte, Pardo le recordó que el Ayuntamiento no tendrá que pagar las indemnizaciones porque «la ley es muy clara y dice que quien protege paga», mientras que Mariano Torres, concejal adscrito a PSOE-ExC, dijo a Marí que, «como alcalde, tiene el deber de defender los intereses de los particulares» y que ello debe ser «presionando desde el Consorcio». «Hago más presión como alcalde de Santa Eulària que como miembro de un consorcio y no voy a perder esta independencia», concluyó Marí.
La propuesta que sí fue aprobada fue la adhesión de Santa Eulària al Consorcio Sociosanitario para la gestión de futuras instalaciones sociales y sanitarias, como centros y residencias, del que formarán parte todos los ayuntamientos de la isla para formar un sistema de prestación conjunta, así como una aportación económica por parte de todos los Consistorios. También serán miembros el Govern balear y el Consell d'Eivissa, y será presidido por el presidente del Consell, Xico Tarrés.