El Grup de Estudis de sa Naturalesa (GEN-GOB) informó ayer sobre las alegaciones que presentó la proyecto de ampliación del aeropuerto de Eivissa, que promueve Aeropuerto Españoles y Navegación Aérea (AENA), y al que tachan de «sobredimensionado, innecesario y contrario al interés público».
Según explica el GEN, el proyecto está basado en la previsión de un incremento de 1.000.0000 de pasajeros anuales, por lo que «para que esta previsión tuviera sentido, este aumento se daría durante los meses estivales de temporada alta ya que el resto del año las infraesctructuras aeroportuarias se encuentran infrautilizadas por la falta de tráfico». «Es completamente contraproducente la creación de infraestructuras que permitan un mayor crecimiento de los visitantes, dado que la isla no puede absorber un flujo humano tan importante ya que actualmente se da un colapso importante en las carreteras, depuradoras y desalaodoras para el abastecimiento de la población», apunta el GEN en su escrito de alegación, en el que destaca también las previsiones de crecimiento del tráfico áereo «no supone sólo un atentado contra los más elementales principios de sostenibilidad sino también un auténtico caso de malversación de fondos públicos al ser éstos destinados a obras que, lejos de estar al servicio del interés general, lo perjudican directa y gravemente».
Los ecologistas quisieron recordar que «el propio Govern balear, el Consell y el Ayuntamiento afectado han solicitado, en un poco gesto de sobriedad institucional, que el proyecto sea redimensionado a la baja, de forma que sea más acorde a las necesidades de la isla». «En épocas de crisis económica global, como la que se vive actualmente, los presupuestos de las administraciones públicas deberían ser escrupulosamente controlados para evitar precisamente actuaciones costosas e innecesarias que sólo benefician a las adjudicatarias de las obras bien relacionadas», agrega el GEN, que indica que el proyecto «no beneficia en ningún caso al interés público, más falto de otras medidas que de obras faraónicas que, además de innecesarias e indeseables, son ridículamente costosas y en consecuencia irreversibles, como las del puerto de la isla».
El GEN también recuerda la «inaceptable afectación al Parque Natural de ses Salines» y que la «extracción de los áridos necesarios para la obra» también «afectaría lugares de importancia comunitaria». Además, indica la «errónea clasificación de las fincas situadas al norte del aeropuerto», que ocupan el litoral de Platja d'en Bossa, y que «se califican en el proyecto como urbanas pero tienen clasificación de suelo rústico» más allá «de que hayan sufrido un desarrollo al margen de la legalidad».
Para el GEN, el hecho de que AENA haya iniciado los expedientes de expropiación forzosa de los terrenos afectados antes de que concluya el término de exposición pública de la evaluación de impacto ambiental «demuestra hasta qué punto estas evaluaciones son consideradas papeleo para cubrir el expediente para hacer ver que cumplen las directivas europeas». «Ahora los afectados teóricamente tienen quince días para presentar alegaciones, que serán atendidas exactamente igual que las que son presentadas a las evaluaciones ambientales», destaca el GEN, para el que esto demuestra «la más absoluta falta de sensibilidad contra el medio ambiente y los afectados por proyectos absurdos».