La Asociación de Comercios Minoristas de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef) ha pedido a los grupos parlamentarios de Balears «que apoyen la nueva Llei de Comerç y que no la desvirtúen con negociaciones políticas». Así lo indicó el vicepresidente de la asociación Alfonso Rojo, quien destacó que la redacción de esta normativa es fruto de «tres años de trabajo y continuas reuniones entre patronales de todas las Islas y la Conselleria de Comerç».
El anteproyecto de la nueva ley, que modifica muchos puntos de la normativa que regula el comercio en Balears desde 2001, supondrá el levantamiento de la moratoria impuesta por el Govern de Jaume Matas en 2005 que impide establecer grandes superficies en Balears.
En lo que se refiere a Eivissa, la norma establece como gran superficie comercial todos aquellos establecimientos mayoristas o minoristas que tengan un tamaño mayor a 400m2 y para Formentera 200m2. Aún así, el punto más importante para la Pimeef es también la principal novedad del documento, que prohibe que las grandes superficies se puedan instalar suelo rústico. De esta forma, sólo podrán hacerlo en suelo urbano consolidado, evitando así, entre otros aspectos, que los clientes se desplacen fuera de los núcleos urbanos están implantados los pequeños comercios. «Lo que sí está claro es que ahora se presenta un nuevo panorama, se podrá instalar quien quiera pero con unas mínimas condiciones de tipo medioambiental, urbanístico y de movilidad. Es decir, que nadie podrá venirse a implantar aquí en suelo rústico, destruyendo más territorio, trasladando el comercio al extrarradio y dejando a las ciudades vacías y todo lo que tenemos obsoleto. Porque si fuera así los comercios perderían un volumen determinado de gente y tendrían que cerrar», explicó el vicepresidente de los comerciantes minoristas, para quien, de todas formas, la isla «ya va servida de grandes superficies». «Si hablamos de grandes empresas, quitando una de las más punteras de ropa, las demás ya están todas y se han instalado ilegalmente», destacó, aunque reconoció que con el fin de la moratoria llega también «incertidumbre sobre lo que ocurrirá con el panorama comercial». «Cualquier gran empresa que quiera implantarse dentro de la ciudad tendrá que hacer un gasto importante de dinero, y son muy contadas las que pueden hacer un desembolso semejante de dinero», destacó al respecto.
Por último, Rojo indicó que las patronales ya han comunicado a los grupos políticos de Balears la necesidad de que la ley «se apruebe lo más rápido posible para que esté en vigor antes de la entrada de la Directiva Bolkestein».
La norma ya ha sido aprobada esta semana por el Consell de Govern y se espera el visto bueno en el Parlament por lectura única al estar consensuada con todas las formaciones políticas y sociales. Se trata de una adaptación autonómica de la Directiva Europea de Servicios, más conocida como Directiva Bolkenstein, aprobada en el 2006 por el Parlamento europeo y que entrará en vigor el 1 de enero de 2010.
El vicepresidente de la Asociación del Comercio Minorista destacó que los comerciantes no tiene otra opción que «acatar la entrada de las grandes superficies a la isla porque es una realidad y es lo pide Europa». «Lo que sí nos interesaba es que nuestra ley balear nos permite tener un poco de mano sobre la normalización por eso lo que queremos es que esté en vigor cuanto antes para que no haya unas lagunas en medio y para que nadie pueda usar la picaresca para aprovechar algún agujero legal». Asimismo, Rojo destacó que los comercios minoristas de Pimeef hace tres años que vienen mejorando sus establecimientos y la formación de su personal. «El pequeño comercio ha dado un cambio muy importante, es decir que la gente se ha puesto las pilas y en este sentido estamos preparados», concluyó.
Según informó Europa Press, el Ejecutivo pretende que el Anteproyecto de Ley comience en septiembre su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley. Una normativa que, por otra parte, también especifica que «cuando el objetivo del establecimiento sea de forma exclusiva la exposición y la venta de automóviles y vehículos a motor, maquinaria, equipo industrial, embarcaciones, aeronaves, muebles, materiales de construcción, elementos propios de cocina y baño tendrán la consideración de gran establecimiento comercial los que tengan una superficie superior a 2.000 m2 en Mallorca, 1.500 en Menorca y Eivissa, y 400 en Formentera. Este aspecto, sumado a los parámetros que establece para las Islas para calificar las grandes superficies comerciales, ha sido destacado por la Conselleria de Comerç puesto que se «ha luchado durante unos cuantos meses con el Ministerio de Industria para conseguir que admitiera las especificidades del territorio insular y no impusiera una superficie de 2.500 m2 para ser considerado gran superficie comercial, como era su intención».