PEP MATAS-VICTOR MALAGÓN
Representantes de la UTE que trabajó en la construcción del Palma Arena, así como otras empresas menores, reclaman al Govern una deuda que suma un total de quince millones de euros.
Los servicios jurídicos y expertos del Govern, por contra, consideran que se trata de una cantidad y una deuda «ficticia», que en nada se corresponde a los trabajos que en realidad se habrían efectuado y al material adquirido. En esta línea se ha estado analizando una serie de documentos, relativos a la forma cómo se «aprobaron» distintas cantidades que se achacan a los sobrecostes.
Documentos
En estas investigaciones destacan tres documentos, en dos de los cuales, firmados por Rafael Durán y Jorge Moisés, y con sólo un día de diferencia, se certifica que a la UTE formada por FCC y Melchor Mascaró SA, se le adeudan 30.870.601 euros. Este documento está fechado el 23 de mayo de 2007, cuatro días antes de las elecciones.
Sólo un día antes, Rafael Durán y Jorge Moisés firmaron una acta de la reunión de la Junta Rectora, en la cual se exponía la necesidad de aumentar el presupuesto inicial, con un presupuesto complementario de poco más de 35 millones. En la mencionada acta se expone que «la dirección facultativa acredita y confirma el incremento presupuestario para asumir los gastos de la construcción del Palma Arena, lo cual le ha solicitado la Junta Rectora del 21 de marzo de 2007 en el punto segundo, siendo la cuantía total de 30.870.601 euros».
Y aquí el asunto se lía aún más, cuando se analiza la documentación de la reunión de la Dirección Facultativa, en la que aparecen las firmas de los hermanos García Ruiz, y se 'acepta' entre otros puntos que hay un aumento del presupuesto de poco más de 30 millones de euros. Pero es que, en sus declaraciones ante el juez, los dos hermanos 'no recuerdan' haber firmado dicho aumento.
El principal dato que 'sorprende' a los expertos jurídicos del Govern, y de igual manera a los fiscales y al parecer al mismo juez instructor, es el hecho de que Durán y Moisés firmen una acta en la que se expone que se necesitan poco más de 30 millones para finalizar las obras, y que al día siguiente firmen otro documento en el cual certifican que la citada cantidad, en forma de deuda a la UTE, es real e incluso se especifiquen los conceptos en los cuales se basa el aumento presupuestario. En sus declaraciones ante el juez, parece ser que tanto Durán como Moisés han declarado que no leyeron los documentos que ambos firmaron.
Así, cuando el actual Govern tomó posesión, se encontró con una deuda por el Palma Arena de unos 35 millones de euros.
De dicha cifra se han pagado hasta ahora unos 20, y de los quince restantes se tiene la sospecha de que se trata de 'una farsa' y, por lo tanto, de unas cifras irreales por lo que por el momento no se está por la labor de abonar ninguna cantidad.
Palma
En el acta del 22 de mayo de 2007, y en el apartado de la parte finaciera y económica, se hace referencia a una noticia que se publicó hace meses en estas páginas. Se trata de que el entonces president del Govern, Jaume Matas, habría solicitado en persona a Catalina Cirer y a Rafael Duran que el Ajuntament de Palma asumiera un sobrecoste de una cantidad que oscilaba entre los 35 y los 40 millones.
Al final, como se informó en estas páginas, los responsables de Cort dijeron que era 'imposible' el asumir dicha cantidad. La importancia del dato estaría en que Jaume Matas habría sido el que solicitó en persona que Cort aportara el sobrecoste de 35 millones de euros en el velódromo.
En la mencionada acta se recuerda que la Junta Rectora del 21 de marzo de 2007 se acordó solicitar al Consorcio un presupuesto complementario de 35'67 millones. Se escribe textualmente: «Una vez transcurrido más de un mes el Consorcio no tiene ninguna notificación de que el Pleno del Ajuntament de Palma haya aprobado esta cantidad», en referencia a los 35'67 millones de euros.