V. MALAGÓN/ P. CANDIA
El ex conseller de Turisme, Joan Flaquer, autorizó que Ibatur concertase un contrato de patrocinio con la agencia de publicidad Nimbus de 350.000 euros para el Mundial de Ciclismo, aunque no presionó para agilizar los trámites. El entonces gerente de la empresa pública, Raimundo Alabern, declaró ayer ante el juez José Castro por el pago de esta cantidad, que se investiga dentro del sumario del 'caso Palma Arena'. Alabern, interrogado por su letrado, Gregorio San José, negó de forma taxativa que el ex conseller le presionase para que se autorizara ese pago o para que se agilizasen los trámites. Eso sí, aseguró que este tipo de contratos, por su cuantía «lo tiene que decidir el conseller».
El interrogatorio del juez y del fiscal Juan Carrau insistió en dos aspectos de este contrato de patrocinio. En primer lugar en la rapidez con la que se aprobó: apenas cuatro días. En segundo lugar porque el informe que aprueba el gasto está fechado el día después de que Alabern enviase una carta a Nimbus en la que se decía que se aprobaba el pago. El ex gerente de Ibatur aseguró ante el juez que este hecho «seguramente» se debe a un error a la hora de poner la fecha al primer documento.
Facturas desconocidas
Sobre el plazo, Alabern rechazó que fuera especialmente breve. Eso sí, aclaró que dada la cuantía del mismo, el gasto tuvo que ser aprobado por el conseller y que él se limitaba a emitir un informe previo, que en este caso fue afirmativo. El juez Castro presentó al imputado una serie de facturas que corresponden a facturas de Nimbus al Ibatur por el coste del patrocinio. El ex gerente negó haberlos firmado ni haber autorizado su pago.
De hecho, Albern defendió el convenio, dado que Nimbus tenía la exclusividad de la publicidad en el Campeonato Mundial y que el importe «le pareció razonable». Es más, aseguró que el patrocinio dio frutos de cara a la imagen de Mallorca.
Tras la declaración del ex gerente, el juez Castro interrogó al ex edil de Hacienda de Cort, Pedro Àlvarez, también imputado en el 'caso Palma Arena' como miembro del consorcio que realizaba las obras para construir el velódromo. Éste negó que tuviera conocimiento de lo que ocurría en el día a día en el Corsorcio. Al menos en tres ocasiones durante su declaración afirmó que quienes dirigían en realidad el Consorcio eran el gerente, Jorge Moisés y el director general de Deportes, 'Pepote' Ballester. Ala hora de controlar las facturas y la vertiente económica del proyecto afirmó que de ésta se encargaba la Conselleria de Presidència del Govern, en ese momento encabezada por Rosa Puig.
Reuniones
Àlvarez cuenta que en las reuniones del Consorcio, eran Ballester y Moisés quienes informaban de forma oral de los temas que se aprobaban y que raramente se presentaban documentos por escrito. Sobre el presidente, Rafael Durán afirmó que su cargo era teórico: «en la práctica no presidía nada».
En su declaración afirmó desconocer aspectos como la contratación de los arquitectos de la obra, o el papel de Nimbus en el Palma Arena. De hecho afirmó que normalmente no asistía a las reuniones del Consorcio ya que el Ajuntament de Palma estaba representado por Durán y que sólo le avisaban para ir si no había quórum. También aclaró que no se firmaba un acta de la reunión al finalizar cada una de las sesiones y que, en la siguiente, se aprobaba la del día anterior. Eso sí, en este punto dice que protestó ya que Moisés y Ballester no llevaban el documento redactado a las sesiones.
El ex concejal de Economia i Hisenda del Ajuntament de Palma Pedro Alvarez declaró que se opuso a aportar 35 millones de euros a la construcción del velódromo del Palma Arena porque «ya estaba agotada la capacidad del Ajuntament al respecto». Por esa negativa, explicó al juez José Castro, al fiscal Juan Carrau y a los abogados personados, había recibido «críticas» al imputarle retrasos en la ejecución de las obras. El juez José Castro, la Fiscalía Anticorrupción, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y Hacienda investigan posibles irregularidades en los contratos de obras durante la ejecución del Palma Arena, proyecto estrella durante la pasada legislatura del PP, que podrían haber duplicado el presupuesto de esta infraestructura hasta superar los 100 millones de euros. Así, se investigan los presuntos delitos de malversación, prevaricación, cohecho y falsedad documental.