El Consell de Govern aprobará hoy la Ley del Sector Público, mediante la cual el Ejecutivo pretende evitar nuevos casos de corrupción en torno a las empresas u organismos públicos, para lo cual se potenciarán los controles de cara a que se produzcan abusos de poder o desvíos de fondos para intereses privados.
Así, esta normativa, que será remitida al Parlament donde el Ejecutivo confía en que sea aprobada con la unanimidad de todos los grupos, supone la actualización de la ley autonómica del sector público, que data de 1989, y tiene como principal objetivo regular todos los aspectos de su régimen jurídico para sistematizar y dar soluciones a los problemas de «huída» de los controles públicos.
Actualmente, el sector público de las islas cuenta está formado por 170 entes, de los cuales 104 son consorcios, 30 fundaciones, 16 entidades públicas empresariales, 15 sociedades mercantiles y cinco organismos autónomos. El Govern remarca que el 88 por ciento de estos entes públicos fue creados durante la pasada legislatura y detalla que el Ejecutivo participa mayoritariamente en 76, cuyo volumen presupuestario asciende a cerca de 2.000 millones de euros y una deuda de 1.392 millones.
Algunas de sus principales características de la nueva Ley son el control del gasto con sistemas comunes en todos los entes, limitar la desviación del gasto respecto los presupuestos aprobados, evitar la picaresca en la aplicación de la Ley de Contratos y fomentar la eficacia, eficiencia y transparencia en su gestión.
Otras de las novedades es que impone la autorización previa del Consell de Govern para las contrataciones a partir de determinadas cuantías, mientras que, por otro lado, condiciona el acceso a la deuda a corto plazo que se destine a financiar los desvíos presupuestarios.
Además, la nueva normativa impedirá el exceso de gasto respecto a los presupuestos aprobados y el Govern podrá acordar que los sistemas de información contable de los entes se integren en el sistema de información económico-financiera general de las islas.
Por otra parte, el Ejecutivo reglamentará el tipo de información que los entes tengan que suministrar a la Conselleria de Hacienda, de manera que aquellos que incumplan esta medida podrán ser sancionados. La Ley también crea los comités de auditoría, que estarán integrados por representantes de la intervención de la comunidad, así como por los auditores y los gestores de los entes, que realizarán un control continuo de las cuentas.