El juez confirma la suspensión de la licencia para edificar Punta Pedrera

El Juzgado Contencioso Administrativo de Palma ha rechazado el recurso de la promotora de la urbanización Punta Pedrera, contra el decreto de Alcaldía de Sant Josep que en 2007 anuló una licencia que permitía edificar 244 apartamentos.
La magistrada Irene Trunyols entiende en su sentencia (contra la que cabe recurso) que las «graves» infracciones detectadas por el Consistorio para anular la licencias son «válidas» ya que la urbanización proyectada «excede las unidades residenciales previstas en el planeamiento, se incumplen las reglas sobre capacidad de población, prevé la ejecución de un vial que transcurre por una parcela destinado a equipamiento y modifica las previsiones de planeamiento parcial sobre los viales públicos».
Se trata de una causa que surge de una denuncia del Grup d'Estudis de la Natura (GEN) ante el Consell en 2002 para que requiera al Consistorio, «dado los indicios de gravísimas irregularidades urbanísticas». Según el GEN, se habían otorgado «dos licencias en 2001 para la construcción de 39 estudios y 122 viviendas» con una «parcelación ilegal» ya que se preveía edificar en más de un 70% de la parcela mínima establecida por el Plan Parcial.
En aquel momento el Consell interpuso un contencioso contra Sant Josep, que dio conformidad al mismo en 2004 «aprovechando el cambio de color político en el Consell», según el GEN, «para tapar las irregularidades».
Sin embargo, en 2006, Sant Josep aprobó una revisión de las licencias que en los mismos metros permitían cambiar las 122 viviendas por «244 apartamentos». Además, según los ecologistas en este caso también habría tráfico de influencias debido a que la modificación de la licencia «fue realizada por la sociedad Keltike S.L, a nombre de la nuera del ex arquitecto municipal, Antonio Huerta».
Con estos antecedentes, en 2007 el GEN volvió a pedir la subrogación de la causa al Consell, que a su vez requirió al Ayuntamiento que suspenda la licencia. Según el conseller de Política Territorial, Miquel Ramón, esta sentencia «es una muy buena noticia», aunque recordó que este espacio también está protegido, ahora, por la Ley de Medidas Urgentes de Protección del Territorio.