Los casos de empresas que no indemnizan los despidos se triplican en el último año

El único Juzgado de lo Social de las Pitiüses experimentó el año pasado un espectacular incremento de casos en fase de ejecución, la inmensa mayoría de ellos correspondientes a empresas obligadas a indemnizar o readmitir a trabajadores despedidos y que no cumplen con las resoluciones judiciales. El incremento es tan destacado que casi triplica las cifras del año anterior, informaron fuentes judiciales. Mientras que en 2008 la pendencia de ejecuciones de sentencia llegaba hasta los 110 casos, el año pasado se llegó a los 260, y en 2010, a fecha de 25 de febrero, ya son 60. La mayor parte de las sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social se refieren a este tipo de asuntos y el resto a casos relacionados con deudas de empresas con la Seguridad Social.
Aunque, según las fuentes judiciales, no puede decirse que el enorme incremento de casos en ejecución haya colapsado el funcionamiento del Juzgado de lo Social [ya que, señalaron, se ha logrado desarrollar un sistema de trabajo de gran efectividad], el volumen de trabajo para la Oficina Judicial que debe tramitar los embargos y las subastas para pagar a los trabajadores que han ganado sus juicios es «monstruoso».
Es decir, que aunque no se ha producido un gran aumento de la litigiosidad, el incremento de la pendencia en la fase de ejecución es «desorbitante», según las fuentes, lo que atribuyen a los problemas económicos por los que atraviesan las empresas a consecuencia de la crisis.
Por este motivo, desde el Juzgado de lo Social han solicitado refuerzos a la Gerencia Territorial de Justicia de Balears, pero, a diferencia de lo ocurrido en Palma con este mismo área judicial, la demanda no ha sido satisfecha.
Menos conciliaciones
También a consecuencia de la crisis económica han disminuido sensiblemente las conciliaciones entre las partes en litigio, empleados y empleadores en estos casos, que evitan la celebración de juicio y también los trámites derivados de la falta de ejecución por parte de la empresa condenada.
Los problemas económicos por los que atraviesan las empresas no favorecen estos acuerdos privados, lo que hace inevitable celebrar juicio y poner los mecanimos para obligar al cumplimiento de las sentencias. Por lo tanto, el menor númenro de declaraciones ha hecho que sí haya aumentado la litigiosidad en fase declarativa, lo que supone mayor carga de trabajo para este juzgado.