La portavoz del Govern y consellera de Turismo, Joana Barceló, se mostró «tranquila» tras prestar declaración durante la mañana de este viernes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Maó por un presunto delito de prevaricación administrativa tras la presentación por parte del empresario Valeriano Allès Canet de una querella contra su persona y la del presidente del Consell de Menorca, Marc Pons, en la que les acusa de un supuesto delito de prevaricación.
Tras prestar declaración ante la jueza Rebeca Martín Calvo, Barceló indicó que «he intentado responder a todas las preguntas que me han hecho y colaborar con la Justicia» y reiteró que el Consell de Menorca «ha actuado dentro de la legalidad en todo momento intentando que todos los ciudadanos se sientan tratados de manera justa y en igualdad de condiciones». Barceló prestó declaración durante media hora por unos hechos que se remontan a su gestión como presidenta del Consell de Menorca.
Por su parte, el actual presidente del Consell prestó declaración durante aproximadamente una hora y media y tras valorar «positivamente» la comparecencia, afirmó que «he dado respuesta a todas aquellas cuestiones que podían generar cualquier tipo de sombra y he aportado toda la documentación que reafirma las decisiones tomadas por el Consell».
Pons respondió hoy por unos hechos que se produjeron cuando ocupaba el cargo de conseller de Ordenación del Territorio en la Institución Insular, presidida por Barceló.
Así, en declaraciones a la prensa, el presidente del Consell menorquín explicó que la denegación de la licencia de construcción de la fábrica de bloques en la cantera de Son Sintas de Ciutadella «no iba en contra de nadie, sino que únicamente pretendía hacer cumplir la normativa, como lo ha refrendado el Tribunal Superior de Justicia».
Por otro lado, apuntó que «cuando se da una inactividad municipal, la normativa establece que la administración de rango superior, en este caso el Consell de Menorca, debe actuar, y así lo hicimos». Pons puntualizó que «las decisiones que se han tomado respecto a este expediente han sido siempre desde el más escrupuloso respeto a la ley y a la normativa urbanística existente».
Asimismo, precisó que, al ser él y Barceló diputados autonómicos y por tanto, aforados, podrían haberse abstenido de declarar ante el juez instructor, pero, en un «ejercicio de transparencia» y debido a la «tranquilidad que nos producen las acciones que hemos llevado a cabo hemos decidido comparecer ante el juez», apostilló Pons.
En este contexto, el abogado de Barceló y Pons, Gabriel Garcías, confió en que la denuncia se archive próximamente.
Por el contrario, el abogado de la parte querellante, Jordi Tirvió, señaló que «hay muchas pruebas documentales que acreditan la «falta de legitimación en la subrogación».
En este sentido, Tirvió hizo hincapié en que el querellante denunció la decisión del Consell de subrogarse al Ayuntamiento de Ciutadella para la tramitación de la disciplina urbanística en la instalación de una fábrica de prefabricados en suelo rústico.
Los hechos se remontan a mediados del año 2004, cuando la empresa Valeriano Allés Canet pidió la licencia de obras para construir la fábrica de prefabricados en suelo rústico, pero el Ayuntamiento de Ciutadella no actuó.
En aquel momento, tal y como prevé la normativa, la empresa planteó una denuncia de mora ante el reiterado silencio administrativo del Consistorio, por lo que el Consell fue el encargado de dar respuesta a la solicitud de licencia, que denegó el 15 de noviembre de 2004, alegando que el Plan General de Ordenación Urbana de Ciutadella y el Plan Territorial Insular no permiten la ubicación de instalaciones industriales en suelo rústico
Yo no creo en la justicia. Como puede un juez ser independiente cuando le controlan los politicos. ¿que es el Constitucional, el Supremo? toda una farsa de enchufados politicos.