Eugenia Cañellas, secretaria técnica del vicepresidente del Consell en la pasada legislatura, Miquel Nadal, reveló hoy ante el juez que no sólo Vídeo U sino también la empresa de informática Minser y el Consorcio de Informática Local (Cilma) pagaron, con dinero público procedente de la Institución insular, a unos 40 asesores y agentes electorales de UM durante la campaña previa a los comicios de 2007, pese a que estos empleados no llegaron nunca a trabajar para estos proveedores.
Así lo aseveró en calidad de imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, durante una comparecencia en la que relató que gestionó estas contrataciones después después de que le transmitieron las personas que se tenían que contratar unas veces «a instancias de Nadal» y otras del ex conseller de Juventud y Deportes, Mateu Cañellas, quien entonces era director insular de Proyectos y estaba al frente de la red de colaboradores que UM creo para la campaña electoral de Nadal de 2007.
«Nunca a instancias de Munar», recalcó de forma contundente la encausada, asistida por el letrado Jaime Campaner. Precisamente, Minser se encuentra bajo investigación judicial dentro de la Operación Voltor, que de forma paralela investiga un presunto desvío de fondos públicos a empresarios próximos a UM a través del Instituto de Estrategia Turística (Inestur). Además, las investigaciones apuntan a que el gerente del Cilma, Eugenio Losada, reveló que tanto éste como el ex conseller de Turismo, Francesc Buils, manipularon a cambio de comisiones el procedimiento por el que fue adjudicado un contrato a la empresa Minser por más de un millón de euros.
Sin embargo, Cañellas aseveró que no tomó ninguna decisión en torno a las contrataciones, ya que «todo me venía dado». «No sabía en esos momentos que no iban a trabajar, no conocía ni a los contratantes ni a los contratados», subrayó la imputada, asegurando que «en ningún momento» percibió que «estuviera haciendo algo que no debía, y ahora soy consciente de ello».
Durante su comparecencia voluntaria, en la que se acogió a su derecho de no responder a preguntas de los abogados personados excepto a las de su letrado, la ex secretaria técnica detalló que Vídeo U contrató a 14 personas -tal y como ya confesaron Oliver y otros dos directivos de la productora-, Minser a «cinco o seis» y sobre el Consorcio manifestó no saberlo exactamente ya que «trabajaban directamente en el Consell», aunque sí apuntó que para gestionarlas trataba con Losada.
«Sabía que Video U estaba recibiendo subvenciones»
Así, recordó que el propietario de Vídeo U, Miquel Oliver, se le presentó «como colaborador y me ofreció una serie de puestos de trabajo que se podían cubrir». «Sabía que Vídeo U estaba recibiendo subvenciones del Consell pero no me pareció extraño que Oliver me propusiera la contratación de gente», se escudó Cañellas.
Mientras tanto, en el caso de Minser, explicó que sus propietarios, Juan Carlos Escuer y Gabriel Rivas -quienes hoy eludieron ingresar en prisión tras abonar cada uno una fianza de 100.000 euros dentro del caso Voltor- «pidieron hora para ver a Nadal» y después de que fueran derivados al despacho de Cañellas, le comunicaron que también eran colaboradores del Consell, que «tenían alguna plaza y que les hiciera llegar algún curriculum».
Es más, manifestó que nunca leyó ninguno de los curriculum de esas personas ya que estaba «muy inmersa» en la gestión de su departamento, en el que se encargaba de gestionar todos los expedientes que estaban ya aprobados por los presupuestos del Consell y las iniciativas de los directores insulares.
Por otro lado, la inculpada aseguró que nunca formó parte del equipo de campaña de Nadal y explicó que en el partido fue creada una red de colaboradores para esta campaña, cuya directora era la secretaria personal de Nadal, Antonia Vidal, mientras que Cañellas «fue el que ideó todo lo referente a esta red». También en relación con Nadal, recordó despachaba con él una vez por semana pero con quien se relacionaba era con Vidal, que era su «punto de referencia».
280.000 euros para una catalogación inexistente
Finalmente, a preguntas del fiscal Juan Carrau sobre el pago de 280.000 euros que efectuó el Consell entre 2005 y 2006 a la entidad que aúna a televisiones locales de la isla y otras empresas vinculadas a la productora Vídeo U, por la catalogación del material audiovisual de estas televisiones pese a que ésta nunca se produjo, Cañellas aseguró no recordarla aunque manifestó que en materia de fiscalización los funcionarios «eran muy pulcros en su trabajo».
«Estoy plenamente convencida de que todo estaba correcto», incidió la imputada, quien manifestó que no recuerda ningún expediente en el que constase irregularidades respecto a la subcontratación.