Guerra administrativa y judicial entre Vila y Consell y los propietarios de ses Feixes

Dos propietarios de la UA-12 de ses Feixes des Prat de Vila han recrudecido su batalla judicial y administrativa contra Consell, Ayuntamiento y Govern sumando a su «media docena de recursos judiciales y administrativos» otro recurso de alzada contra la máxima institución para evitar que sus terrenos se vuelvan a declarar Bien de Interés Cultural (BIC), mediante una tramitación que está en proceso.
Su objetivo es evitar una mayor protección de sus terrenos y lograr una importante indemnización por el cambio de calificación de suelo urbano a rústico protegido que Vila plasmó en el nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad. Por esta modificación, la propiedad ya pide al Govern y a Vila 55 millones de euros de compensación por «la pérdida de sus derechos edificatorios». También buscan una cuantiosa suma por la compra o expropiación que prevé hacer el Consistorio con dinero del Ministerio de Medio Ambiente para transformar la zona en una área verde pública (porque fue urbana hasta 2008) o que «dejen sus terrenos como estaban», explicó Javier Luquin, uno de los propietarios.
«Tomamos la decisión de decir basta ya, se acabó, porque al final nos robarán. Llegará un día que nos dirán que no es nuestro, que es del Gobierno o de quien sea, y que muchas gracias por los servicios prestados», destacó el propietario que ha intensificado junto a otro de los dueños su batalla judicial y administrativa, y la publicidad de la misma en los medios de comunicación, porque quieren «que la gente sepa cuál es la situación». «Nosotros creemos tener la razón y creemos que la justicia nos la dará. Y si al final hay unas indemnizaciones muy importantes, como ha pasado en otros casos, la gente lo tiene que saber. Porque este dinero será de todos los ciudadanos por las decisiones arbitrarias de tres o cuatro políticos», afirmó.
El primer pago
El primer pago que reclaman son «700.000 euros más intereses» en concepto del «abono que se hizo hace diez años a cambio de la urbanización de parte de las parcelas». Sobre esta cuestión, el concejal de Urbanismo de Eivissa, Vicent Torres, explicó ayer que este «procedimiento jurídico y administrativo está a punto de concluir porque se inició hace tiempo», aunque no pudo precisar cuál es la cantidad de la devolución. «Esto lo va a pagar el Ayuntamiento porque es el que percibió el dinero», destacó Torres, que indicó que la cuantía no saldrá de las arcas municipales sino que «siempre ha estado en reserva para devolver».
Por otra parte, a sus reclamos judiciales y administrativos, los propietarios también están sumando peticiones a nivel político. Ayer comunicaron que instaron al senador Pere Torres Casetes a que «no apoye expropiaciones abusivas» y que sea «consecuente con los compromisos adquiridos cuando se presentó a las elecciones basándose en la defensa de la ciudadanía ante este tipo de actuaciones políticas impositivas y arbitrarias», informaron, haciendo alusión a la condición de antiautopista del senador. Asimismo recordaron que enviaron una carta al Ministerio de Medio Ambiente para «informarle del escaso valor de este enclave».
Por último, según indicó Luquin, el recurso de alzada contra el Consell se debe a que les «quieren fastidiar pase lo que pase». Para el propietario, si Vila quiere hacer un parque tendrá que volver a declarar los terrenos como urbanos «porque será un parque en medio de la ciudad». «Y lo quieren declarar BIC por si lo del rústico no funciona», concluyó.