La portavoz del Govern, Joana Barceló, informó hoy de que el Ejecutivo balear se personará como perjudicado en las diligencias previas sobre el Caso Bomsai abiertas por el Juzgado número 1 de Palma, después de que el director general de la Abogacía haya elaborado un informe sobre los posibles «perjuicios económicos» que ha podido causar en la Comunidad Autónoma este nuevo caso de corrupción, que afecta a la pasada legislatura.
Concretamente, se investiga la presunta trama corrupta urdida desde la empresa pública CAIB Patrimonio para amañar contratos con los que regar empresas particulares durante la construcción de la nueva sede de la Conselleria de Salut y del parque de Bomberos de Palma.
Por esta causa, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Margarita Bosch, decretó el pasado 16 de abril prisión bajo fianza de 50.000 euros para el ex-director general de Tributos del Govern de Jaume Matas, Jorge Sainz de Baranda, y de 30.000 euros para el ex-director general de Emergencias, Joan Pol.
Así, la juez les imputa los delitos de prevaricación y cohecho a Joan Pol y de prevaricación y malversación de caudales públicos a Sainz de Baranda. Asimismo, la magistrada decretó ese mismo día la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en los Juzgados para el ex-director gerente de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, a quien imputa los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
Por otra parte, también está imputado en esta causa de supuesta corrupción el ex-presidente del Govern Gabriel Cañellas, quien el pasado 28 de abril prestó declaración en dependencias de la Policía Nacional y, finalmente, quedó en libertad con cargos.